El Ministerio del Interior ha aceptado la petición de Pablo Iglesias de contar con escolta policial permanente, tanto para él como para su pareja, Irene Montero.

Según confirmaron fuentes policiales, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dio luz verde a que Iglesias y Montero cuenten con "un dispositivo de seguridad dinámica permanente" por parte de agentes de la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional durante todo el tiempo que se encuentren fuera del domicilio familiar, el conocido chalet de Galapagar en la Sierra de Madrid.

Para el tiempo que permanezcan en el interior de la vivienda familiar ya contaban desde hace meses con un servicio de protección estática por parte de la Guardia Civil, después de la polémica desatada por la compra de ese inmueble, que acabó por convertirse en lugar de peregrinaje de curiosos.

La protección de 24 horas a la pareja ha contado con el visto bueno de los expertos de Interior, que creen posible que Iglesias o Montero, tal y como ellos mismos han denunciado, puedan sufrir algún tipo de agresión. En la decisión de los técnicos han pesado tanto las amenazas que ambos han recibido en redes sociales como los capítulos de hostigamiento, como el que el propio Iglesias sufrió en septiembre de 2017 en Zaragoza cuando, junto a otros líderes de la formación morada, fue increpado.

Las escoltas a los políticos se redujeron drásticamente tras el alto el fuego definitivo de ETA en octubre de 2011. Desde entonces, la norma general, que no escrita, es que se brinde protección al presidente y expresidentes del Gobierno, a los ministros en activo (y a los exministros del Interior), además de otros altos cargos de la seguridad del Estado.

Habitualmente, el líder de la oposición cuenta con escolta oficial. En la actualidad, también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene protección, particularmente cuando se desplaza a Cataluña.