El Gobierno ha trasladado a Bruselas un proyecto de presupuestos del Estado para 2019 que contempla una revisión a la baja del crecimiento económico de España. Pedro Sánchez, que no cuenta aún con los apoyos imprescindibles, debe actuar con mucha prudencia para no dañar la economía nacional. Y no parece sencillo aumentar el gasto social en un año de desaceleración

La Moncloa rebaja una décima su previsión de crecimiento económico para 2018 y para 2019. Así figura en el proyecto presupuestario que el Ejecutivo envió ayer a la Comisión Europea. Esta desaceleración plantea un primer conjunto de dificultades. No obstante, el Gobierno está convencido de que hay margen suficiente con las subidas de impuestos que ha pactado con Podemos para poner en marcha en 2019 el aumento de gasto acordado con esta formación. Aumentar el gasto social es deseable, pero las subidas de impuestos, pese a la retórica del Ejecutivo, sí repercutirán en las clases medias: para empezar, según las cuentas de Hacienda, prevé recaudar más dinero por la subida de los impuestos al diésel, que penaliza a la clase trabajadora, que por el incremento de la presión fiscal a las rentas más altas.

El Gobierno es optimista sobre la aprobación de estos presupuestos, que después del pacto con Podemos dependerá de los nacionalistas vascos y, sobre todo, de los independentistas catalanes (ERC y PDECat). Y aquí es donde surge el segundo paquete de dificultades. Esquerra ha vinculado su apoyo a la situación de los presos. A cambio, el Ejecutivo, en abierto desafío al resto de las Comunidades Autónomas, ofrece a los independentistas 2.200 millones de euros si se aprueban las cuentas del Estado. Y, en medio, Podemos ya ha exigido a Sánchez que no modifique los términos de su pacto en las negociaciones con los nacionalistas catalanes y vascos. Son, pues, un proyecto de presupuestos con demasiadas dificultades.