Este curso los colegios concertados que segregan a sus alumnos por razón de sexo suman en España 87 centros, según los datos aportados a Efe por las consejerías de Educación de las comunidades, entre las que destacan Madrid, Cataluña y Valencia con más de una decena cada una.

Se trata de centros privados que reciben financiación del Estado mediante conciertos económicos y que los gobiernos autonómicos, según han ido cambiado de color político, han renovado o no y han aprobado otros nuevos o no.

La mayoría de estos centros concertados que separan a los chicos de las chicas -ellos prefieren llamarse centros educativos diferenciados- son de inspiración cristiana o pertenecen a entidades vinculadas a la Iglesia católica, por ejemplo el Opus Dei.

Los defensores de este tipo de enseñanza argumentan que el modelo está extendido en Estados Unidos o Reino Unido y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos.

Este curso, Madrid (18 centros), Cataluña (16) y Comunidad Valenciana (15) son las autonomías que tienen mayor número de centros concertados que segregan por sexo.

Por contra, no cuentan con ninguno Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Financiar con dinero público centros que segregan al alumnado por sexo es un tema polémico, aunque el Tribunal Constitucional (TC) avaló el pasado abril la subvención pública a esos colegios, fallando en contra del recurso presentado por el PSOE en 2014 contra varios puntos de la Lomce.

Sin embargo, cuatro magistrados emitieron un voto particular a la sentencia al considerar que la educación que segrega por sexos vulnera artículos de la Constitución y ocasiona perjuicio a las personas intersexuales.

El artículo 27 de la Constitución "reconoce la libertad de enseñanza" y ese es el punto sobre el que se basa la defensa de estos centros que separan a los alumnos de las alumnas.

En la Comisión de Educación del Congreso, la ministra de Educación, Isabel Celaá anunció este verano que abriría "un diálogo" con los centros que diferencian a los estudiantes por razones de sexo pues cree que "el modelo más igualitario aporta más valor", unas declaraciones que produjeron "intranquilidad" entre los sindicatos y asociaciones de estos colegios.

Más allá fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que no entiende la segregación por sexos en la escuela porque, como otros asuntos como la brecha salarial o la conciliación, "tiene que ver" con la violencia machista.

Por el contrario, el anterior gobierno del PP defendió la libertad de los padres de poder elegir colegios concertados que segreguen por sexo.

Cuando se conoció la citada sentencia del TC, el entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, comentó que la educación diferenciada era "un ejercicio más de la libertad", ya que nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos.

Similar opinión mostró la Conferencia Episcopal, al considerar que la sentencia era "una buena noticia, sobre todo para los padres", pues garantiza su derecho "para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos.