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Editorial

"Cuentas y no cuentos"

Las seis autonomías que protagonizaron ayer la cumbre de la ‘España vacía’ en Zaragoza reclamaron un acuerdo multilateral y un modelo de financiación autonómico justo y equilibrado.

11/09/2018 a las 05:00
Cumbre contra la despoblación en ZaragozaJosé Miguel Marco


La cumbre de la ‘España vacía’ celebrada ayer en Zaragoza, protagonizada por seis autonomías (tres presididas por el PSOE y otras tantas por el PP), reclamó un acuerdo multilateral, sin exclusiones ni beneficios particulares, que permita abordar el problema de la financiación en clave de equidad, huyendo de compromisos puntuales. Los presidentes regionales exigieron un pacto económico que tenga en cuenta el coste real de los servicios para garantizar su correcta prestación, entendiendo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el mejor instrumento existente para debatir sobre el reparto presupuestario

Este debate "va de cuentas y no de cuentos". La frase del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, resume a la perfección el sentir de todos los presidentes autonómicos (Javier Fernández, Asturias; José Ignacio Ceniceros, La Rioja; Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha; Juan Vicente Herrera, Castilla y León y Javier Lambán) que ayer exigieron en Zaragoza un modelo de financiación autonómico justo y equilibrado, una reclamación que se eleva por encima de los colores políticos y que cuenta con una incuestionable transversalidad resumida en las muchas dificultades compartidas que existen para una correcta prestación de los servicios básicos. A las muchas urgencias, hasta la fecha ignoradas desde el nuevo Ejecutivo nacional, se añade la preocupación de los seis presidentes de que se puedan fijar acuerdos particulares, en concreto con Cataluña, que rompan el concepto de un reparto equitativo. La condición multilateral de todo acuerdo presupuestario y la insistencia en la defensa de un sistema justo, cuyo ámbito de decisión debería quedar ceñido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se presentan como las mejores garantías para evitar cualquier tentación que rompa el principio básico de la solidaridad interterritorial. El texto constitucional recuerda que todos los españoles tienen los mismos derechos con independencia de su lugar de residencia.





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