La historia se repite un año después, pero, en principio, con mucha menor envergadura que la operación Copérnico-Avispa que en 2017 movilizó a 6.000 funcionarios para evitar el referéndum del 1 de octubre. El Ministerio del Interior ha comenzado a enviar de forma escalonada más de un millar de policías y guardias civiles a Cataluña en previsión de que el "tardor calenta" (otoño caliente) anunciado por los radicales independentistas, en particular los autodenominados comités de defensa de la república (CDR), pueda desembocar en una escalada de violencia y sabotajes.

Los planes diseñados por la Secretaría de Estado de Seguridad, que no descarta aumentar este despliegue si los incidentes crecen en intensidad, son mantener en la comunidad hasta principios de noviembre a estos agentes, que reforzarán a los cerca de 6.200 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado destinados de forma permanente en Cataluña.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso COLPISA, Interior ha diseñado dos "planes de contingencia" para este despliegue de acuerdo a dos posibles escenarios. El primero sería el simple apoyo a los Mossos d' Esquadra, ofrecimiento que va a hacer el ministro Fernando Grande-Marlaska a la Generalitat en la Junta de Seguridad de Cataluña que tendrá lugar este jueves en Barcelona bajo la presidencia de Quim Torra. El segundo es que las fuerzas de seguridad tengan que sustituir "directamente" a los policías autonómicos si éstos, como ocurrió durante el referéndum ilegal y en los disturbios posteriores, se niegan a cumplir las órdenes judiciales o a actuar contra los posibles saboteadores.

El operativo no va, ni mucho menos, dirigido solo a la protección de los edificios de titularidad del Estado en Cataluña. Interior quiere tener desplegados sobre el terreno este mismo fin de semana "efectivos suficientes" como para, "llegado el caso y en solitario", poder garantizar la protección de puntos clave de la comunidad autónoma, que ya han sido señalados por los CDR, tales como autovías y accesos a aeropuertos, puertos, estaciones de tren y fronteras.

Este nuevo despliegue, que comenzó a diseñarse a mediados de agosto, ha sido mantenido hasta ahora en secreto por el Ministerio del Interior, temeroso de que la filtración del envío de guardias civiles y policías a Cataluña pudiera enrarecer más aún el ambiente previo a la Junta de Seguridad, en la que el departamento que dirige Grande-Marlaska, finalmente, ha logrado incluir como uno de los punto del día el "apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias" a los Mossos.

Como ocurriera hace un año, el peso del operativo lo van a llevar a partes iguales los antidisturbios de ambos cuerpos: las Unidades de Intervención de la Policía (UIP) y la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil.

En el caso de los antidisturbios de la Policía se trata de diez grupos completos de funcionarios (500 policías), que reforzarán a los dos grupos (unos 100 agentes) de la UIP destinados permanentemente en Cataluña. Estos agentes provienen de las bases de Coruña, Vigo, Valencia, Madrid, Sevilla, Granada y Málaga, entre otras.

Cuarteles

Del mismo modo que la operación Copérnico-Avispa, los agentes están siendo alojados en cuarteles militares (como el del Bruc, donde pernoctan antidisturbios procedentes de Galicia) y en hoteles, algunos fuera de la comunidad para evitar el rechazo de los vecinos. Interior ha descartado por completo alojarles en barcos como en el otoño de 2017.

Al margen de los refuerzos, Interior ha cancelado todo tipo de permisos, vacaciones y traslados de los funcionarios en plantilla en Cataluña. La Guardia Civil ordenó el miércoles suspender hasta el próximo 15 de octubre el traslado de 300 agentes que tenían aprobado ya el cambio de destino a otras autonomías por "necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año". Otro centenar de agentes de los servicios de información de ambos cuerpos (buena parte procedente del País Vasco) se encuentran desde mediados de verano en comisión de servicio en Cataluña siguiendo muy de cerca los movimientos de los CDR.

Sus informes remitidos a Interior advierten desde hace semanas que un centenar de estos grupos tienen previstas numerosas acciones entre el 11 de septiembre, conmemoración de la Diada, y el 1 de octubre, primer aniversario del referéndum.