El Pleno del Congreso vota este jueves el Real Decreto que devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud, que permitirá a los inmigrantes en situación irregular recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles sin necesidad de justificar su residencia en España.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, revierte algunas de las normas de la reforma sanitaria de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, que retiró la tarjeta sanitaria a los "sin papeles".

Con esta norma, a la que el Congreso tiene que dar luz verde este jueves, no hay que ser titular de la tarjeta de la Seguridad Social -algo que en España sólo se podía conseguir con un contrato de trabajo-, ni estar empadronado para tener derecho a la sanidad.

También se benefician de esta nueva normativa los españoles que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social.

A partir de la convalidación del decreto, los inmigrantes en situación irregular no tendrán que acreditar el periodo mínimo de empadronamiento de 90 días para recibir asistencia sanitaria, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura.

Siempre, además, que la atención sanitaria de los extranjeros no residentes no esté cubierta por otra vía (convenios bilaterales o seguros) o que "no pueda exportar el derecho de cobertura desde su país de origen o procedencia.

El decreto establece también que los inmigrantes irregulares solo abonen el 40 % del precio de los medicamentos prescritos.

Las organizaciones integradas REDER como Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) confían en que el Congreso convalide el decreto y exigen al Gobierno la pronta aprobación del reglamento que lo desarrolle para garantizar la asistencia en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en España, han informado en un comunicado.

A las comunidades autónomas, estas organizaciones les piden que en la implementación de esta normativa adopten procedimientos flexibles y garantistas que eviten que la exigencia de determinados requisitos administrativos pueda convertirse en una barrera para que las personas puedan acceder a la atención sanitaria pública.