Los guardias civiles amenazan con recurrir un borrador que prohíbe enseñar tatuajes y fumar
El texto plantea que el personal con tatuajes los registre en una base de datos y les prohíbe llevar más de un anillo o una pulsera.
Las asociaciones profesionales de guardias civiles han abierto la posibilidad de recurrir a la vía judicial para frenar el borrador de texto normativo en el que, entre otras medidas, se prohíbe la exhibición de tatuajes o se impide fumar a los agentes durante "la práctica totalidad del servicio".
La interpretación de los agentes es que la nueva norma que se pretende aprobar implica además "un único modelo de peinado para hombres y mujeres" y prohíbe "llevar más de un anillo o una pulsera".
Cinco asociaciones (AUGC, AEGC, Unión GC, ASESGC y APCGC) han firmado ese escrito y una carta dirigida al director general del cuerpo, Félix Azón, tras la reunión este martes de un grupo de trabajo creado precisamente para debatir la orden sobre el aspecto físico y el trato con la ciudadanía de los agentes.
Los representantes asociativos han criticado que en esa reunión se anunciara que el miércoles, día 5, se someterá esa norma a una Comisión normativa que la dará trámite.
Pero, en especial, han cuestionado que el borrador planteado sea aún más restrictivo que el anterior, si bien planteado con "malabares normativos" para aparentar que no lo es.
En uno de los asuntos que más debate ha generado, el de los tatuajes, se mantiene la prohibición de que sean visibles, de modo que los guardias tendrán que taparlos o someterse a intervenciones para su eliminación en el plazo de tres meses.
También se regula que el personal con tatuajes registre los mismos en una base de datos con las características, lugar del cuerpo donde se encuentra, incluso con la posibilidad de adjuntar fotografías del propio tatuaje o tatuajes.
Para las asociaciones de la Guardia Civil, lo ocurrido demuestra "el inmovilismo y la falta de voluntariedad" de la Dirección General de la Guardia Civil y revela que "está todo el pescado vendido".
Por ello, ven motivos suficientes para rechazar de nuevo la norma e instar a la vía judicial si no se opta por el diálogo, para evitar que se afecten los derechos fundamentales y libertades públicas de los guardias civiles.
