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Tribunales

La defensa de Llarena considera que Bélgica no es competente para juzgar al magistrado

La jueza belga aplaza la vista tres semanas.

Lara Malvesí y Javier Albisu Actualizada 04/09/2018 a las 12:22
Los abogados de ambas partes en la sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado de BruselasEfe


El abogado que representa en Bélgica al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O, cuestionó la competencia de la Justicia belga para dirimir el caso, en la vista introductoria de la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos.

"El Reino de España y el juez Llarena contestan la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas. He solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre para pedir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción", declaró a los medios el letrado que representa a Llarena, Hakim Boularbah.

El abogado contratado por el Gobierno español explicó que la vista prevista de este lunes era un trámite "meramente administrativo" y que en la siguiente audiencia, una vez esté oficialmente representado el Estado español, se fijará un calendario para que las partes presenten "sus conclusiones". Solo a partir de entonces se debatirá el fondo del asunto.

Por lo tanto, la magistrada de la sala no se pronunció en esta primera vista introductoria sobre su competencia o no para juzgar la denuncia civil contra Llarena, por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes.

Tampoco se expresó hoy la jueza sobre la errónea traducción de parte de las declaraciones contenidas en la demanda presentada por los abogados de Puigdemont y los exconsejeros huidos Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín y Lluis Puig, estos dos últimos presentes en la sala y acompañados por sus letrados Christophe Marchand y Gonzalo Boye, entre otros.

En esta jornada introductoria, Boularbah se limitó a pedir a la sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas que la nueva cita judicial se celebre en presencia de tres jueces debido a que se trata de un "caso excepcional", extremo en el que estuvieron de acuerdo los demandantes.

Boularbah, que en la vista introductoria de menos de 10 minutos ejerció de abogado defensor del magistrado Llarena, también pidió actuar en nombre del Reino de España a partir del próximo día 25, mientras que el magistrado de Tribunal Supremo, según explicó su abogado, no tendrá que personarse en todo el proceso y podrá delegar su representación en su letrado.

El Estado "considera que el juez es su órgano, que es el poder judicial el que se cuestiona y el Derecho internacional permite al Estado intervenir delante del tribunal de otro Estado para defender la unidad de jurisdicción de su órgano", comentó el abogado.

El papel de la jueza belga se limitó a recibir los alegatos por escrito de las partes y a establecer la próxima vista en el calendario en el interior de un edificio que amaneció con lazos amarillos de plástico en las barandillas, hasta que un funcionario ha procedido a retirarlos cuando ha comenzado la actividad del juzgado.

La vista preliminar celebrada este martes fue sólo un "primer contacto" entre las partes para presentar sus alegaciones. Los demandantes reclaman a Llarena un euro por daños y perjuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el "procés" no está dirimiéndose con imparcialidad.

Para éstos, el juez belga debería admitirla a trámite porque se trata de una cuestión privada de Llarena, pero el Gobierno consideró su defensa una "cuestión de Estado" y aseguró que defendería hasta las últimas consecuencias la integridad y soberanía jurisdiccional, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del juez.

Al término de la vista, los exconsejeros, Toni Comín y Lluís Puig, en nombre de los demandantes, señalaron que este es solo un caso más de los varios que han iniciado en Bélgica, como la denuncia por la presunta colocación de una baliza de seguimiento en el vehículo de Puigdemont, y hablaron de "indicio de malversación" por el hecho de que el Ejecutivo español decidiera costear la defensa de Llarena, demandado a título particular. 





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