El reloj para la exhumación de Francisco Franco empezó a correr este viernes. La familia del dictador, los monjes benedictinos y la Conferencia Episcopal tienen 15 días para presentar alegaciones a la decisión del Gobierno de trasladar los restos sepultados en la basílica del Valle de los Caídos hace 43 años. Pero "nada va a cambiar la determinación del Gobierno", advirtió la portavoz Isabel Celaá, ni siquiera las "amenazas" de los nietos del dictador de emprender acciones judiciales.

El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de inicio del expediente administrativo que desembocará en la exhumación y traslado del cadáver. Celaá afinó un poco más los cálculos que hizo la semana pasada la vicepresidenta Carmen Calvo y apuntó que el proceso concluiría por "las navidades".

En la Moncloa hay una certeza absoluta de que las demandas anunciadas por los nietos de Franco no llegarán a presentarse, y si lo hacen serán rechazadas por los jueces porque un decreto de ley del Gobierno y sancionado por el Rey no puede ser cuestionado por una querella de rango inferior. La familia del dictador advirtió en un burofax enviado a la Moncloa el pasado 23 de agosto que acusaría al Gobierno ante los tribunales de prevaricación, usurpación de funciones y profanación de sepultura.

La portavoz garantizó que lo que digan los nietos "no va a cambiar la decisión firme" del Ejecutivo de llevar a cabo el traslado. La comunidad benedictina que regenta la basílica del Valle de los Caídos también puede recurrir la decisión, y aunque su prior, Santiago Cantera, se ha mostrado contrario a la exhumación, sus superiores, el Arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal, están de acuerdo con el traslado.

La Almudena

Si transcurridos los 15 días, los familiares no comunican en qué lugar quieren que sea trasladado Franco, el Gobierno dirá en donde debe yacer. Fuentes cercanas a los nietos señalaron que una de las posibilidades más serias es que sea enterrado en una tumba que los Franco tienen en la cripta de la catedral madrileña de la Almudena, junto a su hija, Carmen Franco Polo, y su marido, el marqués de Villaverde. La esposa del dictador está enterrada en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

La fundación Francisco Franco, que también ha anunciado acciones legales, publicó en su página web un manifiesto con la firma de 200 políticos retirados de la primera línea, historiadores, intelectuales y militares contra la reforma de la Ley de Memoria Histórica que presentaron los socialistas en diciembre pasado porque "pretende criminalizar la historia". El texto lleva la rúbrica, entre otros, del único socialista que ha presidido la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y los exministros del PP Alberto Ruiz-Gallardón, Jaime Mayor Oreja y Gabriel Arias Salgado y los exdirigentes populares María San Gil y Aleix Vidal-Quadras. También suscriben el manifiesto, entre otros, el filósofo Fernando Savater, el escritor Joan Juaristi y el historiador Stanley G. Payne. El texto contabilizaba hasta hoy 19.000 firmas de apoyo en la plataforma Change.org.

Los seguidores del dictador, además, están dispuestos a entorpecer el traslado de los restos cuando el Gobierno lo ordene. Como aperitivo, la organización Movimiento por España convocó por la noche una vigilia con velas en la explanada para rechazar la exhumación a pesar de que los benedictinos de la abadía no autorizaron la concentración porque el recinto es territorio sagrado y solo debe utilizarse para la oración y el culto.

Una anterior concentración de este mismo grupo en el Valle de los Caídos, concluyó con saludos fascistas, canciones franquistas y falangistas y la exhibición de símbolos de la dictadura. Esta vez "no ocurrirá así", advirtió la ministra portavoz, porque intervendrá las fuerzas de seguridad si se incumple la ley.