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Tribunales

Hacienda autoriza la contratación de un abogado belga en la demanda a Llarena

En los próximos días se definirá la mejor estrategia de defensa de acuerdo a los intereses del Estado. 

Efe Actualizada 29/08/2018 a las 15:30
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.Efe


La Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, ha autorizado la contratación de un abogado en Bélgica para defender la jurisdicción española y al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda que interpuso contra él el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Fuentes de Justicia han confirmado que el Ministerio recibió este martes por la tarde el visto bueno de la Intervención General del Estado para destinar una partida para la contratación de los servicios de un despacho de abogados belga que actúe en representación de la Abogacía del Estado en ese país.

Un trámite que esperan que culmine lo antes posible para poder definir la mejor estrategia de defensa de acuerdo a los intereses del Estado.

Con ese fin, representantes de la Abogacía del Estado estarán en contacto con el propio bufete belga durante los próximos días para valorar los diferentes escenarios que se presentan desde un punto de vista técnico, según las fuentes.

Todo ello de cara al próximo día 4 de septiembre, cuando puede que se empiecen a conocer más avances sobre la demanda interpuesta por el expresidente de la Generalitat Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros contra Llarena; ese día, el juez del Supremo está citado a comparecer, si bien no está obligado a hacerlo.

La demanda a Llarena está sustentada en un una supuesta falta de respeto a la presunción de inocencia por parte del magistrado, si bien contiene un "error" de traducción relevante en las declaraciones que se le atribuyen, que, según anunciaron los abogados de los procesados, se pondrá en conocimiento del juez.

En concreto, el juez del Supremo dijo al ser preguntado por la existencia de presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo; se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación".





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