El Gobierno niega un abuso del decreto ley y dice que Rajoy lo usó más que nadie

El Ejecutivo ha negado que esté realizando un uso "abusivo" del decreto ley para sacar adelante sus iniciativas políticas y ha recalcado que todos los Gobiernos anteriores han hecho uso de esta fórmula, especialmente el de Mariano Rajoy.

Fuentes del Ejecutivo han indicado que, desde la llegada de la democracia en 1978, se ha aprobado una media de 14 decretos leyes al año y han hecho hincapié en que el Gobierno de Rajoy fue "el más prolífico" en ese sentido, pues, durante su mandato, se aprobaron un total de 75 (29 en 2011; 17 en 2013; 17 en 2014; y 12 en 2015)

Han incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está haciendo un uso abusivo" del decreto ley y en que, desde que llegó al Gobierno a primeros de junio, sólo ha aprobado siete.

Las fuentes han considerado que es "habitual" que en los primeros meses de una legislatura o un nuevo Gobierno se aprueben "muchos decretos leyes", ya que el Ejecutivo, "en su función constitucional de dirección política del Estado, quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas".

Han justificado en ese sentido que en el primer año de gobierno de Rajoy se aprobaran 29 decretos leyes, aunque el PP tuviera mayoría absoluta y, por tanto, "ningún problema" para aprobar leyes en las Cortes Generales.

Sobre los siete decretos leyes aprobados desde que gobierna Pedro Sánchez, las fuentes han recalcado que todos ellos "respetan los límites constitucionales" y que "en ningún caso" afectan al desarrollo directo de derechos y libertades, al régimen de las comunidades autónomas, al régimen electoral general o a las instituciones básicas del Estado, como establece la Constitución.

"En todos los casos, el Gobierno ha considerado necesaria una actuación normativa urgente, a partir de un juicio político, y lo ha justificado expresa y razonablemente en la exposición de motivos de cada uno de los decretos leyes", han señalado las fuentes.

Tanto el PP como Ciudadanos han criticado que el Gobierno se haya decantado por el decreto ley para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, ya que consideran que no está justificado su carácter urgente.

Este tipo de trámite puede ser también el elegido para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado pueda vetar la aprobación de la senda de consolidación fiscal propuesta por el Ejecutivo, una reforma acordada ayer en entre el Gobierno y Podemos.

El PP ya ha anunciado que podría recurrir ambos decretos leyes ante el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo señala que, en el caso de Franco, es "urgente" exhumar al dictador, una exigencia "con preferencia" aprobada por el Congreso el pasado año, sin que el Gobierno del PP "hiciera nada", y solicitada de forma recurrente por Naciones Unidas.

Asimismo, las fuentes del Gobierno recuerdan que los decretos leyes aprobados hasta ahora durante el mandado de Sánchez fueron para transponer normas europeas, para hacer una oferta pública de empleo extraordinaria y un tercero para atender a desempleados de larga duración, "renovando un programa que viene de 2014 y que fue adoptado en su día por un decreto ley y prorrogado también por el anterior gobierno con el mismo formato".

En los tres restantes, excluyendo el de Franco, que aún no ha sido aprobado por el Ejecutivo, considera que "era urgente la actuación normativa".

Se trata de "cubrir el vacío existente en RTVE ante el cese de su presidente por fin de mandato sin que pudiera seguir en funciones", la necesidad de "recuperar el carácter universal de la sanidad pública" y la de "aplicar las medidas del Pacto contra la violencia de género".