La Abogacía del Estado está estudiando si se persona en el procedimiento abierto por un juez de Bélgica tras la demanda civil presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y por cuatro exconsellers huidos.

"No existe aún ningún acuerdo al respecto ni se han contratado los servicios de ningún abogado en Bélgica", según asegura en un comunicado el Ministerio de Justicia.

Según habían informado fuentes jurídicas, el Gobierno ya había contratado a un abogado en ese país para defender la integridad y la jurisdicción española ante los tribunales belgas en esa causa, que actuaría bajo la dirección y supervisión de la Abogacía del Estado.

No obstante, el Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía, matiza que aún no se ha tomado ninguna decisión ni efectuado contrato alguno.

Justicia señala en su comunicado que los servicios jurídicos del Estado han recibido esta mañana el acuerdo adoptado el jueves por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que amparó a Llarena e instó al Ministerio a adoptar "las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Si finalmente se considerara necesaria la intervención de la Abogacía del Estado ante el tribunal belga, ésta deberá desarrollarse de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

En concreto, recuerda Justicia, con la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, con el Reglamento que la desarrolla y con el Convenio de colaboración entre el CGPJ y el Ministerio para la representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado.

Justicia indica que estas normas prevén que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse a través de la contratación de un abogado en el país de que se trate, ya que ese órgano no tiene capacidad legal para personarse, aunque sí puede hacerlo cuando se trata de tribunales internacionales, pero no cuando es un órgano judicial de otro país.

"En cualquier caso, no se ha adoptado aún ninguna decisión en este sentido", concluye el comunicado.