La negociación presupuestaria

Las propuestas de Podemos equivaldrían a desmantelar la política de estabilidad presupuestaria.

Las exigencias de Podemos van más allá de las subidas fiscales.
Las exigencias de Podemos van más allá de las subidas fiscales.

El Gobierno de Sánchez indicó ayer que negociará el apoyo de Podemos a los objetivos presupuestarios, señalando que "hay margen" para aumentar determinados impuestos. Sin embargo, las exigencias del partido morado van más allá de una subida fiscal y apuntan a un desmantelamiento de la política de estabilidad presupuestaria, algo incompatible con los compromisos europeos y muy peligroso en un país con una deuda pública que supera el billón de euros.

El Ejecutivo tendrá en septiembre una nueva oportunidad de conseguir la aprobación de los objetivos de déficit y techo de gasto. Para ello depende, en primer lugar, de Podemos. De ahí, su ‘inevitable’ buena disposición para negociar los aumentos de impuestos que pide el partido morado. Sería discutible que realmente haya "margen", como señaló este miércoles el Ministerio de Hacienda, para unas subidas fiscales cuya eficacia, efectos económicos y, en algunos casos, acomodo legal no resultan evidentes; y el propio Gobierno ha ido dando marcha atrás en algunas de sus iniciales promesas.

Pero el verdadero problema del documento planteado por Podemos es otro y más inquietante. Su propósito, con el mantra de ‘revertir los recortes’, parece ser el desmantelamiento de las herramientas de estabilidad presupuestaria puestas en marcha para superar la crisis financiera. En esa dirección apuntan exigencias como el aumento del objetivo de déficit, la derogación de la ley de estabilidad o la sustracción al Senado de la capacidad de votar el techo de gasto. Si ha de negociar con Podemos, el Gobierno de Sánchez debería dejar claro que hay propuestas que son inaceptables. En primer lugar, porque España debe atenerse a las normas europeas. Y después, y más importante, porque con una deuda pública del cien por cien del PIB, sería suicida que España socavase la credibilidad de su política de control presupuestario; sería como regresar al 2011, echando por tierra el esfuerzo de los últimos años.