Rafael Silva, coordinador de la Viceconsejería de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012 y que participó entre enero y marzo de 2011 en un proceso de revisión de expedientes de ayudas sociolaborales a trabajadores en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha señalado este lunes que durante los trabajos de revisión de estos expedientes administrativos detectaron a herederos de beneficiarios cobrando ayudas para las prejubilaciones, así como algunos prejubilados cobrando las ayudas y trabajando por cuenta ajena.

Así lo ha señalado Silva en su declaración como testigo este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los ERE entre los años 2001 y 2010.

A raíz de saltar el caso de los ERE a la prensa con las irregularidades detectadas en Mercasevilla y abrirse la instrucción judicial, la Consejería de Empleo encomendó a un grupo de funcionarios, un total de 21, para revisar entre los meses de enero y marzo de 2011 un total de 69 expedientes administrativos de ayudas sociolaborales.

En este sentido, ha señalado que en los expedientes analizados "sólo a partir de los expedientes de 2008" --con Juan Márquez al frente de la Dirección General de Trabajo-- "existían resoluciones formales administrativas de las ayudas, antes --época de Francisco Javier Guerrero como director general-- no había resolución formal, sólo las pólizas con las aseguradoras".

Tampoco, según ha indicado, había expedientes de gastos de las ayudas porque, según entiende, había fiscalización "anual" de la transferencia de financiación, herramienta usada por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas, herramienta presupuestaria que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas.

Sobre la fiscalización previa, Silva ha explicado que las ayudas de los ERE analizadas eran expedientes "diferentes" a los de subvenciones, que siempre tienen que ser fiscalizadas previamente. "No eran ayudas ordinarias en lo administrativo, sino graciables. Eran ayudas marcadas por la grave situación laboral, por la trascendencia social y por ser para personas con difícil empleabilidad".

Igualmente, ha subrayado que no había documentos de justificación de requisitos de los trabajadores, de hecho "un cierto porcentaje de irregularidades detectadas era porque había beneficiarios con vida laboral por cuenta ajena estando cobrando".

Otras irregularidades detectadas fueron las ayudas vitalicias o los pagos cruzados, pagos de los que IFA/IDEA no tenía conocimiento, pues eran a orden del director general a las compañías de seguros para destinar los fondos de una póliza al pago de otra. Además, ha añadido las personas que gestionaban los expedientes de las ayudas en la Dirección General de Trabajo no eran funcionarios sino personas "contratadas".

También detectaron personas beneficiarias que jamás habían tenido vinculación con la empresa afectada por el ERE, conocidas como intrusos, siendo 77 los detectados en la revisión de expedientes, por 111 los casos de personas que también eran beneficiarios y presentaban otras irregularidades, frente a los 5.900 legítimos beneficiarios.