Un futuro para la minería

Descrito sin dejar lugar a la duda por su nueva y rotunda denominación, el Ministerio de Transición Ecológica, que incluye las competencias de energía, agua, medio ambiente y cambio climático y que gobernará Teresa Ribera, adquiere un perfil abiertamente ecologista que sobre el papel merece ser aplaudido y que encaja con la cada vez más extendida nueva sensibilidad de la sociedad española. Lejos de modas y de tendencias puntuales, la preocupación por lo medioambiental ha logrado en los últimos años un acelerado cambio, aún lejano del mínimo imprescindible, de nuestras actitudes y comportamientos incorporándose, incluso, a los manuales escolares.

La ecología y, en particular, su traslado a la política, con las muchas leyes y normativas diseñadas desde todos los escalones administrativos, presenta una fuerte tensión entre lo deseable –lo óptimo– y la cruda realidad. Sirva como ejemplo la rápida reacción que hace unos meses tuvo el alcalde socialista del zaragozano municipio de Quinto, Jesús Morales. Entrevistado por una cadena de televisión nacional interesada por las graves afecciones que estaba causando la crecida del Ebro, señaló que existía "una normativa medioambiental muy fuerte y desde el Ministerio de Agricultura deberían tomar medidas", añadiendo que una de las posibles soluciones pasaba por limpiar el río en los meses de estiaje. Las palabras del alcalde fueron contestadas desde el estudio por un colaborador del programa, quien dijo que todo dragado siempre generaba una fuerte polémica. Morales, con idéntica velocidad pero calado con un chubasquero y unas botas de agua, advirtió lo siguiente: "Saludo a los ecologistas que están en la mesa del plató y no están sufriendo lo que estamos sufriendo todos los ribereños. Llega un momento que esto es insostenible".

La nueva ministra de Transición Ecológica ya se ha apresurado a decir, en una de sus primeras declaraciones públicas, que "el carbón tiene poco futuro". Ribera, que se muestra convencida de que las energías fósiles carecen de sentido, apuesta por acelerar la descarbonización. Las palabras de la ministra, que han servido para encender todas las luces de alarma en el sector de la minería turolense, ponen en jaque a la térmica de Andorra, que sostiene en la zona unos 4.000 puestos de trabajo, y a todo el sector minero turolense, que representa nada más y nada menos que cerca del 40% del PIB de la provincia.

La defensa de los pobladores y de su medio de subsistencia, en especial en casos donde el monocultivo se impone, es quizá el primer motivo de justificación ecologista. Todo proceso de desmontaje productivo requiere de ayudas y alternativas y, especialmente, de un proceso de transición que desde el Ministerio parecería a priori perfectamente asumido con la nueva definición adoptada por el departamento (Transición Ecológica). Priorizar uno de los dos términos en detrimento del otro, ignorando la necesaria transición y aplicando fechas límite, como el horizonte temporal fijado en 2020, solo contribuye a la generación de una abierta situación de tensión. Convendría que el Ministerio, lejos de aplicar una política ‘ex novo’, concediendo la condición de papel mojado a los últimos acuerdos alcanzados, retomase una línea de diálogo que buscaba una salida para Aragón. Puede que el carbón y la defensa de las cuencas turolenses –de sus habitantes y de su futuro– sea el primer motivo de fricción entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo de Sánchez, un asunto que se entiende en clave de futuro.