¿Vigilar al vigilante?

Otra vez el viejo interrogante: ¿quién vigila al vigilante? Es evidente que la mayoría de los jueces y fiscales cumplen día a día con su tarea de manera diligente y autónoma. Lo hacen tanto con asuntos que no despiertan la atención pública como en algunos que la acaparan. Pero también existen ejemplos de polémicas decisiones judiciales, cuya gradación va de lo curioso a lo inexplicable. En los casos más peliagudos, el ciudadano confía en el Estado. Damos por hecho que existe un aparato de supervisión eficaz para impedir malas prácticas en todos los aspectos que caen bajo la tutela del sistema. Esta confianza es la clave del contrato social. Por ello, sufrimos algo semejante a un síndrome de orfandad cuando una actuación judicial descabellada suscita una pregunta muy inquietante: ¿quién juzga el juez?

Está claro que la base del Estado moderno es la independencia de los tres poderes que lo constituyen: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora bien, los ciudadanos tenemos derecho a criticar las decisiones de los magistrados y el Consejo General del Poder Judicial tiene la obligación de asegurar la plena capacitación de quienes imparten justicia.