La decisión de la justicia alemana de denegar la extradición a España del Carles Puigdemont por rebelión impediría al Tribunal Supremo juzgarlo por ese delito y limitaría su acusación a la causa por malversación de fondos públicos, al menos en la causa que actualmente instruye el juez Pablo Llarena.

La legislación sobre la orden europea de detención y entrega (euroorden) impide a un tribunal español juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido.

Aunque esa misma ley abre una posibilidad para que el 'expresident' sea juzgado por rebelión en un futuro, después de cumplir una primera condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta.

Para que ese segundo juicio fuera posible, una vez recuperada la libertad debería pasar 45 días en territorio nacional o irse al extranjero y regresar.

Actualmente, el juez del Supremo Pablo Llarena reclama a Puigdemont por un delito de rebelión (penado con hasta 25 años de cárcel) y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión).

Pero la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado el delito de rebelión en el proceso de extradición porque considera que no se cumple el requisito de la violencia.

Es la misma interpretación que hace la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha procesado al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los exjefes políticos del cuerpo policial por sedición, al entender que no hubo violencia en el acoso a la Consejería de Economía ni en la jornada del 1-O.

Esa decisión conduce a una situación en la que el Supremo podría juzgar por rebelión a parte del antiguo Govern de la Generalitat, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero no a Puigdemont, a quien el juez Llarena considera principal responsable.

El tribunal alemán aún debe decidir si lo extradita por malversación de caudales públicos y, de ser así, Puigdemont solo sería juzgado por ese delito. Al menos en el actual proceso.

Otro de los posibles escenarios que abre la decisión del tribunal alemán es la retirada de la euroorden.

El juez Llarena ya tomó esa decisión el pasado 5 de diciembre, poco después de asumir la causa, cuando retiró las órdenes de detención que había dictado anteriormente la juez Lamela contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bruselas.

Lo hizo ante la perspectiva de que Bélgica no lo entregara por los delitos más graves, lo que, según plasmó en su auto, perjudicaría el proceso y a los acusados que sí que se pusieron a disposición de la justicia.

Pago de la fianza

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) anunció este jueves por la noche que ya ha hecho efectiva la transferencia de 75.000 euros para pagar la fianza para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quede en libertad.

"Acabamos de pagar la fianza que ha determinado la justicia alemana del presidente Carles Puigdemont", aseguraba la ANC desde su cuenta en Twitter, donde señalaba que su "caja de solidaridad" en apoyo a los presos soberanistas "ya ha pagado casi 4 millones de euros en fianzas".

El expresidente de la Generalitat obtuvo este jueves la victoria más sonada desde que huyó a Bruselas el pasado 30 de octubre, después de que la Cámara catalana proclamara la república. Su fuga fue criticada hasta por Oriol Junqueras, pero este jueves se comprobó que, al menos en términos jurídicos, tenía sentido.

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, no solo dictó libertad bajo fianza de 75.000 euros para el dirigente secesionista, sino que declaró que no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la justicia española. Sí en cambio el delito de malversación, por el que Puigdemont podría ser extraditado y juzgado en España, aunque el tribunal alemán aún tardará días o semanas en resolver toda la causa. A última hora de este jueves, Puigdemont aún no había salido del penal germano, si bien se esperaba que lo haga a lo largo de este viernes.

Para descartar la rebelión, que implica penas de 15 a 25 años de prisión en España, el tribunal germano, en contra de la opinión de la Fiscalía de este país, alegó que el delito que podría ser equiparable en Alemania es el de "alta traición", pero en este caso no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia". Ésta, según explicó el Tribunal Regional, debe llegar al punto de poder doblegar la voluntad del Estado y "no es el caso".

En una comparecencia de urgencia, el abogado del dirigente independentista calificó la noticia de "gran éxito" para su defendido. El delito de rebelión no hay por donde cogerlo, dijo, porque no se pueden comparar incidentes en una manifestación con el 23-F y la entrada de policías con metralletas. "Eso es rebelión", expresó como ejemplo. "Nos vemos mañana" (por hoy), escribió en su cuenta de Twitter el expresidente.

10 días preso

Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en una gasolinera de Alemania, tras entrar en el país en coche desde Dinamarca procedente de Finlandia, a donde acudió a pronunciar una conferencia. El expresidente de la Generalitat llevaba cinco meses huido en Bruselas. El juez Llarena se vio obligado a retirar la euroorden para evitar que la justicia belga, como ha hecho la alemana, restringiera los delitos que le imputa el Supremo.

Sin embargo, días antes de su detención en Alemania, Llarena reactivó la euroorden y después reclamó su extradición por los delitos de rebelión, malversación, prevaricación y desobediencia, relacionados con el referéndum declarado ilegal del 1-O y la proclamación unilateral de independencia del 27 de octubre.

El tribunal del Estado de Schleswig-Holstein, en cambio, enmendó este jueves la plana al juez español. Por ello, la decisión cayó en el independentismo como una victoria histórica. "En Alemania hay justicia", expresaron JxCat, ERC y la CUP.

En términos políticos, la decisión judicial es un revés para el Gobierno, aunque el ministro de Justicia no lo vio así, pero podría abrir una puerta a la resolución del conflicto político catalán, en la medida en que podría poner los cimientos para una cierta rebaja de la tensión. En sectores del independentismo, en cualquier caso, apuntaron la posibilidad de que la decisión judicial reactive la candidatura de Puigdemont como presidente de la Generalitat.