El Gobierno destinará más de 65 millones de euros para mejoras tecnológicas de la Administración de Justicia
En ningún caso adquirirán nuevos equipos, pues el contrato tiene por objeto la mejora de su uso, así como la instalación y el control de los ya existentes.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, un acuerdo por el que el que se autoriza la inversión de más 65 millones de euros para la mejora del soporte técnico a personal y sedes de la Administración de Justicia.
Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Justicia, se destinarán 65.745.158 euros para la celebración de un contrato en el marco de la transformación digital de la Justicia por el que se desarrollará un catálogo de servicios que proporcionen una alta disponibilidad en los servicios informáticos ofrecidos a la Administración de Justicia e implantar los sistemas de monitorización y seguridad necesarios para su supervisión.
El contrato autorizado este viernes se destinará a la implantación, monitorización y control de los servicios de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la atención a usuarios y el soporte técnico en las sedes*hardware*y*software. La duración será de dos años prorrogables por 22 meses más e incorpora estándares de medición de la satisfacción y de compromiso en la calidad de la prestación del servicio.
En los dos últimos años, el Ministerio de Justicia ha realizado inversiones tanto para el desarrollo de soluciones tecnológicas como para la adquisición de suministros. Este nuevo contrato supone una mayor cobertura a usuarios, un total de hasta 18.000, frente a los 14.500 del expediente anterior.
También se mejora el servicio en 200 sedes repartidas por el territorio nacional y se gestionará el mantenimiento de un mayor número de ordenadores portátiles, 'tablets' y equipos multifunción, además de escáneres y equipamientos de salas de vista. Justicia concreta que en ningún caso adquirirán nuevos equipos, pues el contrato tiene por objeto la mejora de su uso, así como la instalación y el control de los ya existentes, además de una prestación más efectiva de la atención y soporte tecnológico en la sede judicial.
