La Fiscalía belga pide información sobre las cárceles españolas
Según fuentes de la Audiencia Nacional, la jueza Lamela responderá este jueves a la petición de Bélgica.
La Fiscalía belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia ante un juez belga del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron a Bruselas.
Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, la jueza responderá este mismo jueves a la información penitenciaria y judicial que ha reclamado la Fiscalía belga al tribunal.
Esta información, han indicado a fuentes jurídicas, consiste, entre otras cosas, en las condiciones de las cárceles españolas y el tipo de tribunal que les enjuiciaría.
La jueza Lamela cursó una orden de detención europea contra Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros después de que no se presentaran a declarar investigados por rebelión, sedición y malversación por su participación en el 1-O.
Los cinco se negaron a ser trasladados a España y este viernes comparecerán en Bruselas ante el juez de primera instancia, que debe decidir si ejecuta la euroorden de entrega. La cita ante la Cámara del Consejo es a las 14.00 hora local y a puerta cerrada.
Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se encuentran en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Si el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega de Puigdemont y los exconsellers a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.
Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales
