Penas de hasta 13 años de prisión para la cúpula de 'Gürtel' en la primera gran sentencia contra la trama

El Superior valenciano también ha impuesto nueve años de cárcel a la expresidenta de Las Cortes por las irregularidades de Fitur.

Francisco Correa,  Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'
Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'
Efe

El juicio por los amaños en el stand de la Generalitat Valenciana en Fitur (el primer gran proceso contra la trama 'Gürtel', tras la breve vista por los trajes de Camps) se ha saldado con una sentencia contundente. Un fallo que, además, vaticina un futuro muy gris a los implicados en los diferentes juicios sobre esta red corrupta que salpica al PP, en particular a los imputados en la vista oral que ya está en marcha en la Audiencia Nacional sobre la denominada 'primera época' de 'Gürtel'.

El fallo no dista mucho de las ya de por sí elevadas peticiones de penas de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha condenado a once de los trece enjuiciados en el 'caso Fitur' por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita. Solo resultaron absueltos la exconsejera de Turismo Angélica Such y un técnico del Gobierno valenciano.

Los peor parados han sido los cabecillas de la trama corrupta. Francisco Correa, el máximo responsable de 'Gürtel', y Pablo Crespo, su lugarteniente, han sido condenados a trece años de cárcel, la misma pena que les reclamaba la Fiscalía por haberse hecho con las adjudicaciones amañadas durante cinco años seguidos del diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur y otros eventos turísticos por cinco millones de euros. A Álvaro Pérez, 'El Bigotes', el hombre en Valencia de Correa, le han caído doce años de prisión.

Entre los políticos, la pena más abultada es la de nueve años de prisión para la expresidenta de las Cortes y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, porque a además de los delitos comunes a todos los acusados en su caso se añade el de cohecho porque aceptó un reloj de una exclusiva marca, valorado en 2.400 euros, como compensación al trato de favor que dispensó a la trama. Es la mayor condena impuesta hasta la fecha en la Comunidad Valenciana en un asunto de corrupción. A su lugarteniente en el departamento de la administración autonómica, Rafael Betoret, se le castiga con otros siete años de cárcel.

El resto de cargos populares en la Conselleria -Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau- afrontarán penas desde los siete a los tres años de prisión. El tribunal considera que son autores de delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

En círculos judiciales esperaban una sentencia condenatoria, pero no unas penas de semejante magnitud. De hecho, lo más probable es que la Fiscalía Anticorrupción pida el ingreso en prisión para los cabecillas de la red en unas vistas que se celebrarán la próxima semana. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tendrá entonces la última palabra y no sería extraño que decretara el encarcelamiento pese a que el fallo no es firme y cabe recurso ante el Supremo.

500 páginas

La sentencia, de más de 500 páginas, confirma que desde la Consejería de Turismo se favoreció deliberadamente a la delegación de la trama Gürtel en Valencia, un entramado de empresas liderado fundamentalmente por Orange Market. El fallo subraya que las mercantiles se crearon con la intención de obtener contratos de la Generalitat valenciana.

Las empresas conocían antes que sus supuestos competidores las condiciones de los contratos que incluso no dudaban en pedir que se modificaran para que se adaptara mejor a sus condiciones. Por ejemplo, la sentencia relata cómo desde el correo de Betoret se le envió a una empleada de la trama "los documentos de Fitur para que los retoques" y más tarde se remitió el "informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005".

El traslado de información privilegiada es constante entre Betoret, Ana Grau, Isaac Vidal y Jorge Guarro con Isabel Jordán y otros empleados de las empresas de Correa, según consta en la sentencia.

El negocio para los dirigentes de la trama 'Gürtel' era redondo porque sin contar con personal ni medios subcontrataban todos los servicios que prestaban a la administración autonómica. Obtenían los ingresos a través de las adjudicaciones ilícitas y también a través de duplicidades en las facturas. Estas facturas eran aprobadas por la Generalitat tras la intervención de los principales responsables del caso. En total, las empresas del grupo de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat.

La sentencia difundida ayer, tras más de diez meses de trabajo del ponente y los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, puede condicionar en buena medida los otros casos que quedan pendientes de ser juzgados porque algunos hechos, como la constitución de una trama en sí, son comunes a todas las piezas. También cabe destacar el rechazo a la petición de nulidad de las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón, que también ha sido invocado en el juicio que se ventila en la Audiencia Nacional.

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