Después de cuatro meses, el juicio por la tragedia del Madrid Arena, la fiesta del 1 de noviembre de 2012 en la que murieron cinco jóvenes, llega este viernes a su final con el turno de última palabra de los quince acusados.

Será la cuadragésimo novena sesión de uno de los juicios más mediáticos que se han celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid desde que comenzara el 12 de enero y que este viernes quedará visto para sentencia.

Antes del turno de última palabra de los acusados, los representantes legales de las aseguradoras, del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa Madridec presentarán sus informes definitivos.

Más de 60 medios de comunicación y más de 200 profesionales se acreditaron para la cobertura de un juicio con quince acusados, cuatro responsables civiles directos y seis subsidiarios, acusados por dos fiscales, siete acusaciones particulares y dos acusaciones populares.

Termina un juicio en el que se ha escuchado a los acusados y en el que han prestado testimonio más de un centenar de testigos, entre ellos dieciséis familiares de las fallecidas, treinta lesionados, veintiún asistentes a la fiesta, trece policías nacionales y quince municipales.

Asimismo, el tribunal, presidido por la magistrada Luisa Aparicio Carril, ha visionado, entre otras pruebas, grabaciones de la angustia y el horror que se vivió aquella noche.

Todo ello para aclarar las circunstancias en las que murieron Belén Langdom, Cristina Arce, Rocío Oña, Katia Esteban y María Teresa Alonso y para depurar responsabilidades penales por ello.

La fiscalía mantiene su petición de cuatro años de cárcel para el principal acusado, el promotor del evento Miguel Ángel Flores, y ha reducido de dos años y medio a un año y seis meses de prisión la petición de pena para los jefes del equipo médico del evento, Simón y Carlos Viñals.

Asimismo, ha levantado la imputación al técnico de operaciones de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), José Ruiz Ayuso, quien sigue señalado como responsable por las acusaciones particulares, como ocurre con el que fuera jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.

El tribunal tendrá que decidir, entre otras cuestiones, sobre el exceso de aforo, dado que la Fiscalía cree que hubo al menos 6.000 asistentes más de lo permitido, y sobre las deficiencias de seguridad y de organización que se sucedieron durante la noche.