​El juez interroga este viernes a seis investigados por blanqueo del PP de Valencia

Comparecerán exconcejales, el exvicealcalde y antiguos asesores del grupo municipal.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
Efe

El juez que investiga el caso Imelsa interrogará este viernes a seis investigados por el supuesto delito de blanqueo en el PP de Valencia, entre ellos a los concejales suspendidos cautelarmente de militancia Cristóbal Grau y Beatriz Simón, y al exvicealcalde Alfonso Grau, este último como testigo.


El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tomará también declaración a dos asesores y a la secretaria de María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular y principal investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.


Simón, el exedil Silvestre Senent y uno de los asesores comparecen por segunda vez ante el instructor de las diligencias, en esta ocasión a petición propia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).


Además, el juez tomará declaración como testigo a Alfonso Grau, procesado en el juicio del caso Nóos y esposo de la exconcejal y exasesora María José Alcón, investigada también en esta pieza separada del caso Imelsa.


Las declaraciones comenzarán a las diez de la mañana con la comparecencia del exvicealcalde, al que seguirán los interrogatorios a los investigados, que han sido citados con un intervalo de media hora.


Por otra parte, el juez ha citado para el próximo 2 de mayo al representante legal del Partido Popular y al asesor municipal Julio Valero, ambos en calidad de investigados.


En la pieza separada, con 47 personas investigadas (imputadas) más el PP, investigado como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.


En el conocido como caso Imelsa, cuya pieza principal sigue secreta al menos hasta el 14 de mayo, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción.


Esa trama estaría infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, según el TSJCV.


La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de veinticuatro personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus y otros ex altos cargos de varias administraciones, consta de quince tomos (unos 4.500 folios).

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