Da comienzo el Pleno del TC que estudia si se suspende también el "proceso participativo" catalán
El Ejecutivo ha solicitado al alto tribunal que detenga la convocatoria y los actos consultivos.
Los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han comenzado a las diez y media de este martes el Pleno ordinario que incluye la deliberación sobre si se admite o no la impugnación presentada el pasado viernes contra el denominado "proceso participativo", la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, han informado fuentes del tribunal de garantías.
De adoptarse, la admisión conllevará previsiblemente la suspensión de los actos de preparación del denominado "proceso de participación ciudadana" y podría incluir también una advertencia al Gobierno de Cataluña sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), tal y como ha pedido la Abogacía del Estado.
Además del recurso de la Abogacía del Estado, los doce magistrados del Tribunal Constitucional tienen sobre la mesa un escrito del Gobierno catalán que pide que la iniciativa del Ejecutivo no se admita a trámite por entender que supone un "uso desproporcionado y abusivo" del derecho.
La respuesta cautelar del TC a las distintas iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat se sustanciará este martes, previsiblemente, con el dictado de la providencia sobre la admisión o no del recurso en el que los Servicios Jurídicos del Estado alegan que la nueva convocatoria vulnera los artículos 1.2 y 2, 23, 81, 92, 149.1.32º y 168" de la Constitución.
El Ejecutivo solicita al alto tribunal que suspenda la convocatoria y anule todos los actos "tendentes a preparar la consulta", así como cualquier actuación "aún no formalizada jurídicamente".
Además, emplaza al tribunal de garantías a comunicar a Artur Mas la suspensión, si así lo decide, y a ordenar su publicación en los diarios oficiales estatal y catalán, para que "alcance conocimiento y eficacia general respecto a cualesquiera terceros".
Advertencia por vía del 87.1 de la LOTC
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Esta eficacia se solicita por el Gobierno para "su debido e inmediato cumplimiento" de acuerdo con el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según el cual "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva", con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar.
En concreto, el Ejecutivo aporta como pruebas la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
El Pleno se prolonga hasta este jueves, por lo que formalmente cabría la posibilidad de que la decisión sobre el último movimiento de la Abogacía del Estado no se conozca hasta ese día. La intención del tribunal de garantías, no obstante, es poder resolver la impugnación y notificar su resolución mucho antes.
