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Símbolos

Crece la preocupación por los casos de apología fascista

La Unión Progresista de Fiscales denuncian lo que consideran un "brote de actos fascistas" que podría derivar en un "semillero de actuaciones mucho más graves".

Efe. Madrid Actualizada 26/08/2013 a las 00:08


Los episodios sobre simbología fascista en espacios públicos o redes sociales ocurridos en los últimos meses ha provocado que partidos políticos y organizaciones hayan incidido en la necesidad de sancionar por la vía penal dichos actos al considerar que son muy graves y pueden potenciar brotes violentos.

Desde marzo, los medios han recogido numerosos episodios sobre exhibición de simbología franquista o nazi, con hechos que han causado un revuelo mediático, principalmente los que se enmarcan dentro del rifirrafe político, como el caso de las fotografías de miembros de las Nuevas Generaciones del PP en diversas localidades españolas.

Cuando el edil de la pequeña población de Castil de Peones (Burgos), Mario Laso, decidió colgar este mes una foto en la red social en la que aparecía con otros dos jóvenes -uno de ellos exhibiendo un llavero con la bandera preconstitucional española-, parece que no era consciente de la reacción que iba a originar entre partidos políticos, fiscales o en sus propias filas.

Tampoco sus compañeros de partido en Xátiva (Comunidad Valenciana), quienes decidieron exhibirse con el propio presidente de las Nuevas Generaciones en la localidad en actitudes que posiblemente podrían constituir un delito y que perjudican la imagen de la organización, por lo que el PP les ha abierto un "expediente informativo".

Estos hechos, sumado a otros, como el que ocurrió a principios de año en Escúzar (Granada) y que derivó en un expediente de expulsión temporal para el exalcalde y actual portavoz del PP, Manuel Alférez Bonilla, junto con la pintada nazi esta semana en la plaza de toros de la localidad madrileña de Pinto, ha provocado que hasta la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se haya pronunciado.

Los fiscales progresistas han denunciado lo que consideran un "brote de actos fascistas" que podría derivar en un "semillero de actuaciones mucho más graves".

Y en dicha tesitura coinciden con las reacciones políticas a dichos episodios, que han sido sucesivas y continuas, principalmente porque se trata de militantes del PP, partido que Gobierna en España y en algunas de las localidades en las que se llevaron a cabo.

Mientras la UPF ha avisado de que se estudiarán todos los casos para discernir en cuales se iniciarán acciones penales, el PSOE ha dado un paso más y ha propuesto reformar la ley para penar la exhibición de "símbolos nazis, fascistas y franquistas" con el fin de que dichas actuaciones tengan "una respuesta penal".

Tanto los fiscales progresistas, que se pronunciaron esta semana principalmente por la pintada en la plaza de toros de Pinto -"Adolf Hitler tenía razón"-, como el PSOE insisten en que son actuaciones "muy graves".

En el caso del espectáculo taurino, consideran que la situación se agravó por el hecho de que el Ayuntamiento pinteño (gobernado por el PP) permitiera que se celebraran las corridas que fueron presenciadas por 5.000 personas y en las que varios asistentes difundieron vídeos e imágenes a través de las redes sociales con las pintadas de fondo.

Frente a este panorama, Izquierda Unida (IU) ha decidido pedir la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que acuda al Congreso y explique qué medidas adoptará tras la exhibición de símbolos fascistas por parte de miembros de las Nuevas Generaciones del PP o la pintada fascista en Pinto.

La formación también se ha interesado por las medidas que tomará Gallardón respecto a las declaraciones del alcalde del PP de Baralla (Lugo), Manuel González Capón, quien aseguró en un pleno municipal que "quienes fueron condenados a muerte" durante el régimen de Franco "sería porque lo merecían".

En la última reforma del Código Penal, propuesta por el ministro, se modificó el artículo 510 para castigar con penas de prisión el fomentar el odio o la violencia por motivos racistas, antisemitas, ideológicos o de creencias, entre otras cuestiones.

Pero el asunto más espinoso para algunos partidos como el PSOE, IU o Entesa radica en la paralización de la Ley de la Memoria Histórica, después del que el Ejecutivo anunciara un recorte presupuestario que ha sido criticado por los partidos al considerar que no obedece a motivos económicos sino ideológicos.

La Comisión Constitucional del Senado rechazó en julio, con los votos a favor del PP, una moción del PSOE que reclamaba al Gobierno que vuelva a aprobar una partida presupuestaria para los trabajos y medidas que establece la Ley de Memoria Histórica en favor de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Por su parte, el PP negó en dicha comisión que se paralizara la norma y preguntó a los partidos Entesa, PSOE o IU si preferían recortar en becas, investigación o innovación en vez de hacerlo en las dotaciones para asuntos del pasado como la Memoria Histórica. 




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