La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron el pasado año a 1.024 personas por delitos de robo de cobre y llegaron a recuperar más de 2.500 toneladas de este material, a la vez que intensificaron los controles en centros de reciclaje y chatarrerías, con 5.239.

En Aragón, se cometerion 175 robos, con más de 44.000 kilos sutraídos, y 34 detenidos.

El Ministerio del Interior ha hecho balance de la persecución de este delito durante el pasado año, cuando las fuerzas de seguridad conocieron un total 5.388 infracciones penales relacionadas con el cobre, de las que se esclarecieron 510.

Mientras, en 2014 se produjeron 2.308 detenciones y se recuperaron 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de este metal sustraído. Entre 2011 y 2014, según Interior, los arrestos alcanzaron la cifra de 11.442, el cobre recuperado la de 2.600 toneladas y los kilómetros de hilo la de 17.300.

Por comunidades autónomas, y solo con datos referidos al pasado año, fue Andalucía la que registró más hechos delictivos y esclarecidos, sobre todo en la provincia de Sevilla.

Entre las operaciones más importantes contra el robo de cobre Interior resalta la denominada Pivot, con 16 detenidos por delitos en la comarca de Tomelloso (Ciudad Real) y la recuperación de 1,5 toneladas.

Las fuerzas de seguridad arrestaron en la operación Timu a 14 personas en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por robos en infraestructuras del AVE, subestaciones eléctricas e instalaciones fotovoltaicas que dejaron inutilizados sistemas de seguridad de Adif y Renfe en las vías.

Una de las últimas operaciones, la Cuprum, culminó con la detención en Valencia y Madrid de 13 personas de origen rumano que supuestamente habían cometido 24 robos en subestaciones eléctricas y cable de Adif, con daños valorados en cerca de un millón de euros, que generaron además retrasos en los trenes de viajeros y mercancías.

Precisamente, en julio del año pasado la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha un plan de respuesta a estos delitos con carácter permanente y de aplicación en todo el territorio nacional, lo que ha permitido intensificar las medidas de seguridad en todas las etapas del ciclo de vida del cobre, desde su fabricación hasta el final de su utilidad.