El escándalo de los relojes deja abierta la puerta de salida de la presidenta de Perú

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, salió junto con varios miembros del gabinete y el abogado de la presidenta para calificar esta medida de desproporcionada, ilegal e inconstitucional.

Perus President Dina Boluarte, who is facing an enquiry into possible illicit enrichment and failure to declare ownership of luxury watches, addresses the audience during an assistance program for the elderly, in Lima, Peru February 22, 2024. Luis Iparraguirre/Peru Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS CROPPED BY REUTERS. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. [[[REUTERS VOCENTO]]]
En la imagen, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con uno de los relojes de la polémica.
Luis Iparraguirre/Peru Presidenc

Perú vive una nueva crisis política después de que fuese registrada la vivienda de la presidenta, Dina Boluarte, y el Palacio de Gobierno por un equipo policial y fiscal que buscaba los relojes de lujo no declarados por la mandataria.

Boluarte estaba citada por el Ministerio Público el martes y el miércoles de esta semana para mostrar los relojes y testificar, respectivamente, pero la mandataria no acudió a ninguna de estas convocatorias.

Medios locales difundieron que la defensa de Boluarte había pedido reprogramar las citas este lunes por la cargada agenda de la mandataria.

El fiscal general interino, Juan Carlos Villena, afirmó que la presidenta estaba actuando en rebeldía y el fiscal supremo Hernán Mendoza dijo en la Comisión de Fiscalización del Congreso que estaba frustrando la investigación.

El Ministerio Público abrió el 18 de marzo una diligencia preliminar contra Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito al no haber declarado relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los registros

Poco antes de la medianoche del viernes, un equipo de unos 20 fiscales y otros tantos policías llegaron a la vivienda de Boluarte, en el distrito limeño de Surquillo, donde, al no recibir respuesta al llamar a la puerta, rompieron la cerradura y entraron en la vivienda.

Cinco horas después salieron con maletines hacia su siguiente destino, el Palacio de Gobierno, donde estuvieron durante varias horas registrando el despacho y la zona residencial del complejo.

La orden judicial firmada por el juez supremo Juan Carlos Checkley autorizó el allanamiento, con descerraje si era necesario, de la residencia de Boluarte, "a quien se atribuye ser presunta autora de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos".

Respaldo del Gobierno

Poco después de que concluyera el registro en el Palacio de Gobierno, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, salió junto con varios miembros del gabinete y el abogado de la presidenta para calificar esta medida de desproporcionada, ilegal e inconstitucional.

"Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática y de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad", afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

División entre congresistas

El registro dividió a los partidos políticos peruanos entre los que vieron una oportunidad para resucitar unas nuevas elecciones y criticar a la mandataria, y los que criticaron el allanamiento y la defendieron.

Entre los primeros se posicionó el partido marxista al que pertenecía la propia presidenta, Perú Libre, que presentó al Congreso una moción de vacancia (destitución) en su contra que hasta el momento tiene la firma de 26 parlamentarios de los 130 que componen la cámara.

Pero la mayoría de formaciones políticas conservadoras como Fuerza Popular, Renovación Popular o Somos Perú, que definieron el registro como "mero espectáculo" o "abuso de poder", mostraron su apoyo a Boluarte.

Pronunciamiento sin explicación de Boluarte

Entre gran expectación, la presidenta hizo un pronunciamiento junto a todo su gabinete en el que definió lo ocurrido en su domicilio y Palacio de Gobierno como "arbitrario, abusivo y desproporcionado" y afirmó que nunca ha existido ni rehusamiento ni rebeldía de su parte frente a la investigación fiscal.

No se refirió al origen de los relojes. Según dijo, su abogado le ha recomendado que solo trate en público este tema en la Fiscalía, donde aclarará los hechos "cuanto antes".

Además, culpó a los medios de organizar una campaña de acoso en su contra y difundir desde hace meses noticias falsas y tendenciosas y reiteró que se irá del Gobierno en 2026 con las manos limpias.

Durante la jornada se hizo público que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus presentado por parte de la defensa de la presidenta para que se declare nula la diligencia de registro de su vivienda.

Según avisó su abogado, Boluarte declarará en el Ministerio Público el viernes 5 de abril, mientras programas periodísticos han anunciado que revelarán detalles de lo que encontró el equipo fiscal en su domicilio. 

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