El Constitucional francés censura gran parte de la polémica ley de inmigración de Macron
El órgano veta que se endurezcan el acceso de los ciudadanos no europeos a ayudas o los requisitos para la reagrupación familiar.
El Consejo Constitucional de Francia censuró este jueves gran parte de los artículos de la controvertida reforma migratoria impulsada por el Gobierno. El texto fue aprobado el pasado diciembre por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de la derecha y de la extrema derecha, pero el propio presidente, Emmanuel Macron, decidió acudir al órgano encabezado por Laurent Fabius para que examinara varios de sus apartados. Un mes después, el 40% de los artículos de la ley (un total de 37 puntos) ha quedado rechazado, mientras que el resto podrá ser promulgado.
La inmensa mayoría de los apartados de la 'Ley para controlar la inmigración y mejorar la integración' censurados por los nueve miembros del Constitucional corresponde a los introducidos por la derecha en el Senado, a cambio de su apoyo al texto final, para endurecer la propuesta inicial del Ejecutivo galo. Hasta 32 artículos fueron rechazados por tratarse de "caballeros legislativos", es decir, por carecer de relación suficiente con la finalidad de esta legislación. Entre los puntos que no recibieron luz verde destacan el endurecimiento del acceso de los ciudadanos no europeos a las prestaciones sociales, el aumento de los requisitos para la reagrupación familiar o el establecimiento de un depósito de garantía que se quería exigir a los alumnos extranjeros para poder estudiar en Francia.
Los miembros del consejo se opusieron a otros tres artículos por el fondo -la instauración de cuotas migratorias anuales por parte del Parlamento, por ejemplo- y expresaron reservas sobre la interpretación de otro par, mientras que dieron el visto bueno a cuestiones como el compromiso de los extranjeros de respetar los principios de la república francesa. El Gobierno y la izquierda -unos sesenta de sus diputados reclamaban una censura total de la ley- se mostraron satisfechos con el pronunciamiento del Constitucional, pero la derecha y la extrema derecha pusieron el grito en el cielo.
"Nunca un texto había previsto tantos medios para expulsar a los delincuentes y tanta exigencia para la integración", se felicitó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien subrayó que los apartados vetados son los que había añadido el Parlamento.
![Newly-appointed French Culture Minister Rachida Dati arrives for the first weekly cabinet meeting following a government reshuffle at the Elysee Palace in Paris, France, January 12, 2024. REUTERS/Benoit Tessier [[[REUTERS VOCENTO]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/files/fp/uploads/imagenes/2024/01/12/first-weekly-cabinet-meeting-in-paris-following-a-government-reshuffle.r_d.960-640.jpeg)
Una "bofetada" a Macron
El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, también se mostró satisfecho: "El Gobierno llevará como una mancha imborrable el llamamiento a votar una ley alineándose sobre las posiciones históricas de la extrema derecha bajo presión de Los Republicanos". Ian Brossat, senador comunista, fue más allá al considerar que la censura por parte del Constitucional de gran parte de la reforma migratoria supone "una bofetada monumental" para el Ejecutivo. "La ley no tiene ninguna legitimidad y debe ser retirada", concluyó Manuel Bompard, coordinador nacional de La Francia Insumisa (extrema izquierda), tras la amputación del documento.
La decisión del Constitucional supuso un golpe duro para la derecha y la extrema derecha. "Esta censura era esperada. Una reforma constitucional parece más que nunca indispensable para salvaguardar el destino de Francia", exigió Éric Ciotti, líder de Los Republicanos. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, la formación ultra de Marine Le Pen, aseguró que "la ley de inmigración ha nacido muerta" y reclamó un referéndum sobre inmigración como "única solución". Con el pronunciamiento de los nueve 'sabios', sin embargo, no se acabarán los debates sobre la cuestión migratoria. Antes de dejar el cargo, la ex primera ministra Élisabeth Borne se comprometió con la derecha a reformar la Ayuda Médica de Estado (AME), que permite a 'sin papeles' recibir cobertura sanitaria.
