Las claves de un Gobierno (casi) cerrado a cal y canto

La parálisis parcial de la Administración estadounidense, en vigor desde el pasado 22 de diciembre, que afecta a unos 800.000 empleados y ha obligado a suspender distintos servicios, entró el lunes en su cuarta semana sin que el presidente y los líderes demócratas hayan cedido un milímetro sobre el muro fronterizo. Donald Trump quiere una partida de 5.700 millones de dólares, pero el Partido Demócrata solo ofrece 1.300 para seguridad fronteriza. Esta discrepancia de posturas enerva al líder republicano, que no aceptará “nada que no sea financiar el muro” con México y a quien no le importa que el cierre del Gobierno federal se alargue “por un largo periodo de tiempo”.

¿Cuándo se produce esta medida?

El gobierno se cierra cuando no tiene el presupuesto necesario para ser operativo, porque el Congreso no lo aprueba o porque el presidente no quiere firmarlo. Así que no hay recursos para asegurar el funcionamiento de las agencias federales. Todo es debido a un mecanismo legislativo que opera desde hace algo más de 40 años y que ha provocado el cierre del gobierno en 21 ocasiones.

Aunque el primer 'shutdown', o cierre de gobierno, tuvo lugar en 1976, no fue hasta comienzos de la década de los 80 que realmente tuvieron efectos prácticos, cuando el fiscal general Benjamin Civiletti hizo una interpretación más estricta de la norma 'Antideficiency Act', de 1884. Esta ley prohíbe que las agencias federales sigan funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso.

El actual es un cierre parcial, dado que el Congreso sí aprobó el 70% del gasto, pero aún están pendientes los presupuestos para el Departamento de Estado, Agricultura, Justicia, Transporte, Tesoro, Interior y Seguridad Nacional.

¿Qué implica, a efectos prácticos, esta ausencia de gobierno en Estados Unidos?

Alrededor de 800.000 empleados públicos están afectados por esta medida. De ellos, cerca de 420.000 siguen trabajando sin cobrar porque sus trabajos se consideran esenciales para la seguridad pública o la seguridad nacional. Otros 350.000 están exentos de acudir a sus puestos de trabajo, por supuesto sin paga. Se espera, eso sí, que todos ellos reciban sus pagos atrasados en cuanto se normalice la vida administrativa del país.

Además, los tribunales federales se quedarán sin dinero para funcionar este viernes, y la Guardia Costera no dispondrá de efectivo para sueldos. Los aeropuertos empezarán a cerrar terminales, como ya ha ocurrido con el de Miami, porque el personal ya está alegando enfermedades para no acudir a trabajar, ya que no reciben sus sueldos. De hecho, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), responsable de los controles y arcos de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, han registrado ya incrementos de hasta el 7,7% en el número de ausencias imprevistas.

Un tercio de los parques del Servicio de Parques Nacionales (NPS) cerró sus puertas desde el comienzo del cierre. Los demás se mantuvieron abiertos, pero sin personal para encargarse del mantenimiento y las tareas de limpieza. También es significativo el cierre de museos en todo el país.

A causa de la falta de financiación del Departamento de Agricultura, los agricultores de todo el país están teniendo dificultades para optar a ayudas del gobierno.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha visto cómo han expirado 1.150 contratos de la administración con caseros que alquilan sus casas a personas con bajos ingresos. Otros 500 expirarán a finales de este mes y 550 más, a finales de febrero, según el departamento. El impacto a corto plazo se traduce en desahucios, desconexión de calefacciones y la escasez de alimentos por falta de dinero.

Según un estudio de la agencia S&P Global Ratings, el cierre parcial de la Administración ha supuesto una pérdida de 3.600 millones de dólares desde su inicio y, de durar otras dos semanas, sumará 6.000 millones, un coste superior a los 5.700 millones que la Casa Blanca ha requerido para construir el muro con México.

¿Cuántos cierres de gobierno ha habido?

Desde 1980 ha habido 21 cierres de Gobierno, el primero bajo el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981).

Ronald Reagan (1981-1989) es el presidente que vivió más clausuras de este tipo, con un total de tres, pero apenas superaron el par de días; el segundo en el listado es Bill Clinton, con dos ceses de 7 y 21 jornadas, el período que hasta hoy era el más largo. Ahora, Trump ha superado a Clinton con el cierre más prolongado, y le ha igualado en cantidad, pues acumula dos clausuras administrativas: la actual y otra de tres días en 2018. Anteriormente, Barack Obama (2009-2017) vivió un único cierre similar durante su doble mandato, de 16 días.

¿Puede pasar algo así en España?

Este escenario de interrupción en la actividad de la administración pública es prácticamente imposible en otras democracias, donde se contemplan medidas como prolongar el presupuesto del ciclo anterior y en los que un cierre del gobierno así sería sinónimo de una revolución, invasión o desastre.

En España, cuando el Gobierno no consigue los apoyos necesarios en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, automáticamente se prorrogan los del año anterior, como pasa actualmente.

La aprobación de los Presupuestos viene regulada en el artículo 134 de la Constitución, según la cual “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior”. En la práctica, supone tanto como no poder gobernar: los presupuestos prorrogados no permiten nuevas inversiones o gastos, tales como infraestructuras, así como tampoco permiten ajustes que no estén previstos. Solo se pueden introducir cambios por Real Decreto, justificando la urgencia.

No es la primera vez que se prorrogan los presupuestos en España. Mariano Rajoy vivió ya esta coyuntura en 2011. Entonces, José Luis Rodríguez Zapatero había prorrogado los presupuestos de ese año, pero el nuevo Gobierno quiso elaborar los suyos propios y estos no pudieron entrar en vigor hasta marzo de 2012.

El récord absoluto de cuentas públicas prorrogadas lo ostenta Cataluña. De 2010 a 2015, el presidente Artur Mas prorrogó los presupuestos al tiempo que crecía la deuda catalana.