Los 10.000 gendarmes de Juncker

"No se trata de desplegar guardias armados para cerrar las fronteras, sino de protegerlas mejor". El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramópulos, defiende así el proyecto en el que está embarcado el ejecutivo de la UE para reforzar el perímetro del territorio común: una policía federal que contaría con 10.000 efectivos desplegados en 2020.

El plan trata, en realidad, de desarrollar la actual Guardia Europea de Fronteras y Costas, que nació hace dos años para contener la inmigración ilegal y que hoy apenas cuenta con 1.300 agentes a los que se añade un contingente de reserva de 1.500. Lo primero que llama la atención es el salto que quiere darse: 8.700 gendarmes preparados para intervención inmediata en menos de dos años, a los que España contribuiría con más de seiscientos. Lo segundo, que este 'ejército' acabará teniendo personalidad específica: buques, aviones y vehículos propios que se podrán desplegar cuando se requiera. Y sí, también portarán armas.

No es un dibujo en el aire. Se ha establecido ya una dotación de 2.200 millones de euros en el presupuesto 2021-2027 para que esta agencia "no solo pueda comprar, sino también mantener y explotar los activos aéreos, marítimos y terrestres necesarios para sus operaciones". Y ese es solo un primer torrente de millones. El informe de la Comisión añade otros 11.300 para financiar todas las nuevas tareas y funciones que tendrá la Agencia de Asilo de la UE, encargada de los procedimientos en materia de fronteras, asilo y retorno.

La Policía, pero también la intención de acelerar los retornos de irregulares a sus países de origen o un control más incisivo de las identidades y situación jurídica de los migrantes, se defienden hoy en Bruselas como "fundamentales" para reforzar la "credibilidad" del control europeo. Avramópulos subraya que permitirían ver que "los procedimientos son efectivos". Y ello contribuiría, en última instancia, también a contener los flujos hacia la UE.

Un viraje en el discurso -decae el 'welcome' a los desplazados- para contentar a países alineados con las posiciones más duras como Austria o Dinamarca. A cambio se quiere 'revitalizar' la 'tarjeta azul' para dar entrada a inmigrantes cualificados "porque los necesitamos", requirió el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker en su último discurso sobre el estado de la Unión, el mismo en el que desveló la activación del nuevo cuerpo policial europeo que, se insiste, "no quiere militarizar las fronteras".

Ni tampoco supondría una injerencia en la soberanía de los Estados. La guardia fronteriza "estará bajo el mando del país de acogida", subraya el comisario de Interior. Pero ¿se percibe así en todas las capitales? La respuesta es no. Paradigmático si se tiene en cuenta lo ya apuntado, que este paquete de medidas más restrictivas quiere parar la ebullición del nacionalismo extremo, el euroescepticismo o las derivas xenofobas.

No parece haberlo conseguido. El líder húngaro Viktor Urban, reprobado esta misma semana en la Eurocámara por sus políticas reaccionarias -Estrasburgo activó el artículo 7 por vulneración de derechos y libertades civiles que, aunque difícil, podría dejar a Hungría sin derecho a voto en el Consejo-, aseguró el viernes que "en vez de nuestros hijos, soldados y policías, para los que la patria es importante, enviarán mercenarios, que dirán cómo hay que defender las fronteras".