Aunque no es un fenómeno nuevo, casos como la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, tras un ataque en el que estuvo implicada la policía, mantienen sumida en el desprestigio a esa institución en México, cuya labor acaba de ser suspendida por el 70 % de la población en una encuesta.

"La solvencia moral de la función de los policías se encuentra muy cuestionada desde hace muchos años", constató este viernes en una entrevista con Efe el investigador Javier Oliva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana realizada en diciembre pasado y difundida ayer jueves, el 70,7 % de la población percibe el desempeño de la policía como "poco o nada efectivo" y apenas el 28,8 % como "muy o algo efectivo".

Esta visión negativa no es nueva en una nación que carga con la dolorosa etiqueta de ser el país de "la mordida" (soborno a la policía) y obedece a razones de fondo cuya solución pasa por la revisión de cuestiones estructurales, según Oliva.

"Los municipios tienen mucha libertad política para actuar pero existe una notable restricción fiscal, pues el ejercicio presupuestal está muy concentrado", dijo.

Como ejemplo, explicó que en el estado sureño de Oaxaca, "el 98 por ciento de los recursos del Gobierno estatal son federales" y "este proceso de concentración fiscal es todavía peor si se baja un escalón a los municipios, que quedan en la inopia".

De esta forma muchos explican, aunque no necesariamente lo justifican, que esos uniformados acaben "a sueldo" del crimen organizado, un verdadero Estado paralelo con grandes recursos procedentes del tráfico de drogas y personas, entre otras actividades ilegales.

El problema quedó claramente de manifiesto en septiembre pasado en la población de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, cuando decenas de policías locales en nómina del cártel Guerreros Unidos participaron en un ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal (magisterio) Rural de Ayotzinapa.

Fallecieron seis personas y 43 fueron secuestradas, de las cuales una ha sido ya dada por muerta tras la identificación de sus restos en un vertedero donde supuestamente fueron asesinados y quemados los estudiantes por los sicarios de Guerreros Unidos, a los que la policía los entregó.

Aunque no tienen la misma repercusión que esa noticia, todas las semanas se producen otras similares. Esta última, sin ir más lejos, fueron detenidos 13 de los 36 policías municipales de la localidad de Medellín de Bravo, en el estado oriental de Veracruz, por la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

A veces, las denuncias llegan hasta la Policía Federal, como sucedió tras un enfrentamiento armado del martes en el estado de occidental de Michoacán entre miembros de esa corporación y delincuentes que habían ocupado la alcaldía de Apatzingán.

Un testigo del enfrentamiento aseguró a un diario haber presenciado la ejecución extrajudicial de tres personas después del tiroteo, versión rechazada después por las autoridades.

El Ejército, con una imagen popular mucho mejor, no escapa tampoco a estas acusaciones, la última por la ejecución a sangre fría de varias de las 22 personas que murieron en Tlatlaya, en el estado central de México, tras un cruce de disparos entre militares y delincuentes.

Para Oliva, otro de los problemas a los que se enfrenta la seguridad en el país es "la carencia de buenas escuelas de policía", además de que las existentes no son "suficientes" para formarlos.

Para atajar el problema de raíz, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha enviado al Congreso una enmienda constitucional que eliminaría las policías municipales y las sustituiría por 32 cuerpos estatales únicos, tantos como estados tiene México.

Este plan "va a contracorriente de todas las técnicas de vigilancia y seguridad pública", afirma Oliva, al recordar que "lo que se necesita es que la policía conozca a la población y viceversa", y no lo contrario.

"Si das el control a la policía estatal, retiras a la policía del contacto cercano con la población y dejas espacios libres a los criminales, con lo cual la policía, en vez de ser preventiva, se vuele reactiva", argumenta.

Mientras Peña Nieto reordena a la policía, Oliva cree que "las Fuerzas Armadas van a seguir en la primera línea de confrontación con el crimen organizado hasta el 30 de noviembre de 2018", día en que concluye el mandato presidencial.

Considera, asimismo, que es "un mal mensaje para una democracia", aunque reconoce que las instituciones castrenses están actualmente "un poco menos fortalecidas" que con el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que las colocó al frente de la batalla contra el narcotráfico.