El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se suspendió este lunes tras dos años de negociaciones en Cuba a causa del secuestro de un general del Ejército, lo que ha dividido al país entre los que siguen apostando por la paz y quienes consideran este suceso como una traición de la guerrilla. El general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, una unidad especial antiguerrillera, fue secuestrado junto al cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en Las Mercedes, un remoto caserío del departamento noroccidental del Chocó.

Al parecer, el general y sus acompañantes llegaron al lugar en una lancha, vestidos de civil y sin escoltas, lo que ha abierto una gran polémica sobre los motivos que llevaron a Alzate a no seguir los protocolos en una zona con fuerte presencia guerrillera.

El secuestro de Alzate, el militar con mayor rango capturado por las FARC, llevó a la condena del Gobierno y a la decisión del presidente, Juan Manuel Santos, de suspender el ciclo de negociaciones con la guerrilla que debía comenzar este lunes en La Habana: "Las FARC fueron responsables de este secuestro, un secuestro totalmente inaceptable", indicó Santos para anunciar que el equipo negociador del Gobierno no viajaría a Cuba.

Agregó que, antes de proseguir con el diálogo, "hay una serie de circunstancias que tienen que aclararse", como "por qué estaba el general Alzate de civil, por qué le dijo a sus escoltas que no lo acompañaran, por qué se desatendió la advertencia del lanchero para que no fueran río abajo tan lejos".

Las reacciones no se hicieron esperar y todas las fuerzas políticas se pronunciaron sobre la mayor crisis del proceso de paz, que esta semana cumple dos años, tiempo en el que se ha avanzado como nunca antes había ocurrido en los 50 años de conflicto armado.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el anterior presidente y actual senador, Álvaro Uribe, un gran opositor al diálogo y quien afirmó que "para el terrorismo los gestos de paz del Estado no son generosidad sino debilidad" frente a la guerrilla.

Uribe, quien el domingo informó del suceso por twitter antes de que se confirmara oficialmente, insistió en que "mientras el Gobierno, sus portavoces políticos y periodísticos proponen ampliar el concepto de delito político para amparar la impunidad del secuestro, narcotráfico y otros crímenes, el terrorismo responde con el secuestro".

Pidió así "el cese unilateral de actividades criminales", a lo que se sumó el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien remarcó que sólo deben proseguir los diálogos si las FARC liberan a sus cautivos, al calificar de "absurda" cualquier iniciativa dirigida a negociar una liberación.

Precisamente un editorial publicado en Anncol, web controlada por las FARC, aseguraba que Uribe estaría al frente de un boicot contra el proceso, al insinuar, sin una argumentación, que el general habría sido entregado de forma premeditada a un comando guerrillero.

Mientras tanto en las redes sociales se mezclaron con fervor declaraciones a favor y en contra de seguir adelante con el diálogo en un ambiente de división e incertidumbre que invadió a todos los ciudadanos.

El resto de partidos y políticos de todos los colores condenaron abiertamente el secuestro de Alzate y sus acompañantes; pero una de las opiniones con más repercusión en twitter fue la de la exsenadora liberal Piedad Córdoba, quien bajo la etiqueta #TreguaYa, convertida en "trending topic", pidió salvar el proceso con un alto el fuego bilateral.

Córdoba advirtió de que la paz está amenazada y se quejó de que es "fácil pedir más guerra sentados cómodamente en la casa viendo las noticias", al destacar que "la Colombia campesina es la que sufre".

Entre los políticos que se sumaron a esa iniciativa estuvieron el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda; y el movimiento Marcha Patriótica.

Y la Alianza Verde también consideró que la liberación de los cautivos es requisito para que se reanuden "de inmediato" las negociaciones.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se trasladó a Quibdó, la capital chocoana, para liderar un consejo extraordinario de seguridad junto a los altos manos militares y policiales.

Un portavoz de este ministerio dijo que se han desplazado hasta la zona más de 500 hombres entre soldados, carabineros, policías e infantes de marina.