Los jóvenes que prolongan su jornada laboral 'regalan' a su empresa10 horas semanales

Los empresarios dejan sin pagar a los trabajadores menores de 30 años que alargan su jornada una media semanal de 10 horas extraordinarias, según denunció este miércoles el Consejo de la Juventud de España, institución que también lamentó la elevada tasa del 72% de temporalidad que padecen las jóvenes en el sector público. Además, sus responsables han solicitado una entrevista con el presidente Zapatero y tildan de "discriminatorias" algunas de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en defensa del mercado laboral, como la contratación de parados con cobertura de desempleo y el aumento de la reducción de cuotas empresariales en las colocaciones a tiempo parcial que, por un lado, obstaculizan la inserción profesional de los jóvenes y, por otro, aumentan la precariedad a la que están sometidos.

Los datos del Consejo se refieren al tercer trimestre de 2008, pero su vicepresidente, José Luis Arroyo, hizo hincapié en nuevos estudios apuntan que la situación empeora. En España trabajan alrededor de 3.715.000 jóvenes autóctonos y de la Unión Europea (UE) y otros 859.500 extracomunitarios. De su conjunto, 4.189.594 son asalariados y, de ellos, 279.200 (6,6%) prolongan su jornada habitual una media de 20 horas semanales, pero sólo cobran la mitad de ese tiempo extra. Las restantes 10 horas quedan sin compensación. La situación es mucho más alarmante en el cálculo mensual, puesto que el abuso empresarial se eleva a 40 horas o en el anual, que refleja que los jóvenes 'regalan' 520.

Arroyo reconoció que el análisis de las horas extras gratuitas es complejo y difícil porque traspasa a la economía sumergida. En su opinión, los jóvenes silencian la injusticia por desconocimiento de los derechos laborales o temor a perder el empleo. Otras causas son "la debilidad sindical del colectivo" y los oídos sordos de la Administración ajena a perseguir el fraude y conseguir un empleo de calidad.

Para salir de la crisis y conseguir que los jóvenes dispongan de un trabajo digno, el Consejo apuesta por un mayor gasto en investigación, desarrollo e innovación, mejorar la formación y conectar el mundo laboral con el sistema nacional de cualificaciones, prestar especial atención a los grupos más desfavorecidos y garantizar la igualdad de oportunidades y de salario. También exige a las administraciones públicas garantizar el acceso "universal, público y gratuito del conjunto de la ciudadanía a todos los tramos educativos" y renunciar a la adopción de medidas unilaterales sin pactar con los sindicatos. Arroyo lanzó asimismo un llamamiento para que las comunidades autónomas coordinen sus políticas y aúnen esfuerzos en un mismo sentido.