Centrados como estamos en el futuro de las cajas de ahorros españolas, la situación de las rurales ha pasado hasta ahora a un segundo plano. Sin embargo, el decrero-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero afecta a las cooperativas de crédito tanto como a las cajas y bancos. Y las exigencias que el Banco de España está poniendo sobre la mesa para reforzar la estabilidad y la solvencia de las entidades financieras también les atañe.

Así como en el sector de cajas se aprecia ya una reestructuración severa, que ha reducido en los últimos meses el número de entidades de 45 a 17 -y todo indica que esta no será la cifra definitiva, sino que aún quedará más rebajada-, en las cajas rurales no se han producido, por el momento, grandes movimientos de integración. Y el Banco de España quiere que este sector se concentre también.

Según una información que se hizo pública este fin de semana, el regulador estaría animando a las cajas rurales a protagonizar fusiones, de manera que en un futuro no demasiado lejano las actuales 74 cajas o grupos de cajas quedaran reducidas a 15, unidas a su vez en dos grandes grupos.

Según esta noticia, el Banco de España estaría pensando, sobre todo, en reorganizar las 72 entidades que forman parte de la Asociación Española de Cajas Rurales, integradas en el Grupo Caja Rural. A este grupo pertenecen las tres aragonesas: Cajalón, Multicaja y Caja Rural de Teruel.

Frenazo del Banco de España

Esta noticia surge días después de que el Banco de España frenara en seco los dos procesos nacionales de unión promovidos por las cajas rurales. El regulador rechazó formalmente el SIP (Sistema Institucional de Protección) presentado por una treintena de cajas rurales locales (que querían aglutinarse bajo el nombre de Solventia), por considerar que el grado de integración planteado (proponían mutualizar el 40% de sus beneficios) no era suficiente. Este mismo planteamiento fue explicado la semana pasada al otro SIP en marcha, promovido éste por 19 cajas rurales provinciales (que en total suman 32 entidades, entre las que están las tres aragonesas). La propuesta presentada al Banco de España por este grupo aún era más 'light' puesto que se comprometían a reforzar sus vínculos bajo la fórmula de un SIP normativo, sin consolidación de balances, una fórmula menos exigente que el sistema utilizado por las cajas de ahorros.

Coincidiendo con estos rechazos, el Grupo Caja Rural publicó una nota de prensa en la que anunciaba su intención de «readaptar» el proceso de reforzamiento de su sistema, alejándose de la fórmula «del SIP previsto en la normativa bancaria vigente». Al mismo tiempo, avanzaba que «reforzará su actual sistema cooperativo de colaboración, se optimizará la disciplina y la supervisión y se afianzarán los órganos coordinadores del Grupo». El fortalecimiento de Grupo Caja Rural se producirá -apuntaba la nota- «a través de la modificación del marco jurídico de la Asociación Española de Cajas Rurales».

Pese a que no se ha detallado por dónde pueden ir estos nuevos planteamientos, fuentes consultadas creen que las rurales tendrán que volver a diseñar la estrategia a seguir: «El contador está a cero, en estos momentos», precisaron.

Curiosamente, fueron las cajas rurales las que primero comenzaron a hablar de buscar fórmulas para reforzar su solvencia y hace casi dos años se plantearon una consolidación de balances, que finalmente quedó en agua de borrajas. Frustrada este intentona, las cajas volvieron la vista a los SIP. En este debate llevaban meses: fuentes del sector reconocen que poner de acuerdo a 72 entidades es muy complicado; quizá por ello, hubo desde el principio dos iniciativas: una que integraba a las cajas más pequeñas y otra para las provinciales.

El entorno económico y financiero ha hecho que soluciones que podían haber sido viables en otro momento ahora se queden cortas. O eso es al menos lo que piensa el Banco de España, que anhela fusiones regionales.