La automoción española está que arde. Los fabricantes se han levantado en armas y amenazan con desinversiones después de que el pasado martes el Congreso aprobara la Ley de Economía Sostenible (LES) y, con ella, una disposición adicional que trastoca la relación contractual entre las marcas y los concesionarios.

«Engañados, indignados y traicionados» por el Partido Popular y Convergencia i Unió. Así se sienten en la patronal de las marcas (Anfac) a la vista del panorama que se les presenta y que, advierten, pone directamente en peligro las inversiones de las multinacionales en España y buena parte del empleo en el sector. El enfado es tal que han decidido boicotear el Salón del Automóvil de Barcelona, previsto para el mes de mayo y al que no van a acudir.

Las nuevas reglas de juego, que no tienen carácter retroactivo y estarán vigentes hasta completar una legislación que ya se prepara, suponen un cambio más que notable y obligan a los fabricantes a, entre otras cosas, recomprar los coches que los vendedores no logren vender en sesenta días.

En caso de extinción de contrato, la marca deberá pagar al distribuidor la inversiones pendientes de amortizar, las indemnizaciones por los despidos que deba afrontar y, además, habrá de comprarle las mercancías (autos y repuestos) que aún tenga en 'stock'. Además, el proveedor no podrá negarse a la cesión del contrato de distribución.

Indemnizaciones

La nueva normativa instaura una serie de indemnizaciones a los vendedores en el caso de rescisión de los contratos con las marcas que éstas califican de inasumibles. Anfac (a la que pertenece GM España) tiene claro que no firmará nuevos contratos ni renovará los que concluyan de aquí en adelante, lo que abre la puerta a la creación de filiales de las marcas especializadas en la venta de coches al margen de los concesionarios tradicionales.

La cara visible de esa indignación es la de Francisco Javier García Sanz, presidente de Anfac, que acusa a los partidos políticos, en especial a PP y CiU, de no haber medido las consecuencias de una enmienda (la número 234) alumbrada en el Senado por los grupos nacionalistas y que, dice, no han consensuado con el sector. «Han puesto en peligro los puestos de trabajo de muchas familias que trabajan en esas factorías, en un negocio del que viven dos millones de personas que lo que necesita en realidad es tranquilidad y confianza», señaló visiblemente molesto el directivo. «Se han equivocado y tienen que rectificar o, de lo contrario, serán responsables de las pérdidas de inversión», añadió. García Sanz recordó que la enmienda, que modifica la actual regulación del contrato de agencia (vigente desde 1992), establece una directriz «única en la Unión Europea, inoportuna e injustificada». «Las matrices, que deciden sobre las inversiones, no entienden esta medida», advirtió. A su juicio, la enmienda, que solo recibió el voto en contra del PSOE, supone una «chapuza normativa que solo crea distorsiones».

Una crítica que comparte UGT, el primer sindicato en el sector, cuyo responsable de automoción, Rogelio Mena, pide a comunidades autónomas con plantas de automoción que presionen para revocar la situación. El ministerio de Industria convocó ayer para la próxima semana a representantes de comunidades -entre ellas Aragón- y a interlocutores sociales para abordar la cuestión.

Diálogo

Desde la patronal de los concesionarios (Faconauto) se disfruta sin alardes de la 'victoria'. La organización entiende que el nuevo marco otorga seguridad al negocio y «salvaguarda la continuidad de 150.000 empleos después de que la crisis se haya llevado por delante 35.000». El secretario general de la asociación, Blas Vives, espera que «las aguas vuelvan a su cauce» y aboga por el diálogo con los fabricantes «siempre en beneficio de un gran negocio como es la automoción».