Rodrigo Rato declara en el juicio por el origen de su fortuna y se niega a responder a las preguntas de la Fiscalía
Tras 40 sesiones del juicio que comenzó el pasado mes de diciembre, Rato se someterá a las preguntas para aclarar además de los delitos contra Hacienda, si hubo blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado este miércoles en el juicio que se sigue por el origen de su fortuna, en el que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública y otros con una petición de cárcel que en total podría superar los 70 años. Ha señalado al inicio de su declaración como acusado que no responderá a las preguntas de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado porque han usado "correos no expurgados que afectan a terceras personas" y, ha matizado, no quiere contribuir a eso.
Tras 40 sesiones del juicio que comenzó el pasado mes de diciembre, Rato se sometería a las preguntas de la fiscal Elena Lorente, el abogado del Estado y su propia letrada, María Massó, para aclarar, además de los delitos contra Hacienda, si hubo blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
La Fiscalía defiende que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares.
Se trataría, según la Fiscalía, de una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015, y sobre la cual han declarado ya decenas de testigos y peritos, entre ellos los de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, así como agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que intervinieron en el registro y detención de Rato en 2015.
Desde el primer momento, Rato ha pedido que se anule la causa, basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía.
Por ello, solicitó la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro de su domicilio, ya que en su opinión se vulneró su inviolabilidad, el secreto de las comunicaciones y la intimidad, pero su petición no ha sido atendida por la sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo.
Asimismo, el exvicepresidente sostiene que gran parte de esos hechos habrían prescrito, los comprendidos entre 2005 y 2010.
La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
También ve "indicios racionales" de que el también exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a Bolsa, que se habrían derivado a diversas sociedades logrando "difuminar el origen del dinero".
Durante el juicio, la defensa de Rato afeó que Hacienda no pusiera objeciones a la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012 hasta 2021, cuando la Fiscalía Anticorrupción incluyo sus reticencias en el escrito de acusación.
Para la Fiscalía, Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente... utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior".
De este modo, al acogerse en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal introducida, omitió varias sociedades de las que era titular, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros por los que abonó al fisco 11.533,35.
En total son 17 los acusados, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, para el que la Fiscalía ha rebajado en parte la responsabilidad civil por los pagos efectuados a Rato por la operadora.
Por el delito de blanqueo de capitales está también acusado Santiago Alarcó, excuñado de Rato; mientras que en el de corrupción entre particulares está su antigua secretaria, Teresa Arellano, y Fernández Norniella.
