La ley de Inteligencia Artificial costará hasta 500 euros por empleado a las pymes
Las empresas que se salten la normativa europea, que entrará en vigor en 2026, serán multadas con hasta 35 millones de euros.
Hicieron falta 40 horas de discusión en tres días para que los equipos negociadores de la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara lograran cerrar el acuerdo para una normativa pionera en el mundo sobre Inteligencia Artificial (IA).
Entre muchas otras cuestiones, la ley quiere vigilar los usos de riesgo, prohibir las consideradas aplicaciones peligrosas e identificar los contenidos generados por IA para que los ciudadanos se sientan más seguros: "Se ha criticado que esta ley mata la innovación, pero lo que hace es poner orden al mercado, dar seguridad a las empresas y los usuarios, que creen que ya no podían confiar en nada", señalan fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización (Sedia). Su titular, Carme Artigas, ha sido la encargada de decidir varios puntos de la negociación por la presidencia temporal de España del Consejo Europeo.
Pero hay que ir por partes. Primero, la parte negativa -o, mejor dicho, menos positiva- del nuevo reglamento, al menos la que más críticas está generando, es esa desconfianza a cómo se desarrollará la innovación a partir de ahora. Ante esto, desde la Secretaría de Estado apuntan que la ley tiene un "gran equilibrio" entre libertad y protección, que era la línea más fina de las negociaciones. Y, como todo nuevo reglamento, el segundo punto más criticado por el sector es el coste de implantarlo por las pequeñas y medianas empresas.
Según un informe de la propia Comisión Europea, la legislación sobre la IA generará costes para las pymes al tener que adherirse a un nuevo reglamento que obliga a adaptar equipos y destinar recursos para ello. Unos costes que calcula que estarán entre los 330 y los 495 euros por empleado.
De esta forma, una pyme de 100 trabajadores debería destinar entre 33.000 y 49.500 euros al cumplimiento de este nuevo reglamento. Aún así, el informe indica que estos costes adicionales no significa que las inversiones no terminen siendo rentables. Este es un punto que desde la Secretaría de Estado no quisieron comentar, ya que son indicadores que aún no están definidos, explican.
Son "conscientes" de que "la aplicación del reglamento, como cualquier legislación, supone un coste", por lo que aseguran que el entorno de pruebas ('sandbox') que ha puesto España en marcha reducirá los costes en consultoría para las pymes y les aportará "seguridad jurídica".
Larga negociación
En las casi 40 horas de negociación para firmar una ley que lleva proyectada desde el año 2020 se consiguieron cerrar algunos de los puntos más polémicos. Por ejemplo, se decidió cómo tratar el reconocimiento facial y biométrico en tiempo real en los espacios públicos por parte de los gobiernos. En este caso la decisión del Consejo Europeo ha sido prohibir el reconocimiento personal de estas imágenes en tiempo real, salvo excepciones en los que estará permitido aplicar estos sistemas combinados con IA -desaparición de menores o casos de terrorismo, sobre todo- bajo autorización judicial.
Algunas grandes compañías ya han comenzado a dar pasos adelante. Iberdrola y la Universidad de Deusto han lanzado una cátedra ENIA sobre IA subvencionada con fondos europeos que comenzará en 2024. Repsol es otra energética que ya tiene un centro de competencias IA con 50 empleados que trabajan por la transición digital.
Y aunque el texto definitivo aún no se conoce, otro de los puntos más importantes es el de la salvaguarda de los derechos de autor. La ley obligará a marcar cualquier contenido -imagen, texto o vídeo- que haya sido generado por IA. "Vamos a obligar a que se respeten los derechos de autor, exigiremos que técnicamente se identifique si una obra está creada artificialmente", explican.
La ley será ratificada en octubre o noviembre de 2024, y a partir de ahí las empresas tendrán un plazo de 24 meses para aplicarla, aunque el objetivo es que los usos prohibidos se implementen a los seis meses.
En caso de incumplimiento, la ley incluye sanciones importantes. Según las mismas fuentes, estas multas podrán llegar a los 35 millones de euros o el 6,5% de la facturación anual si se incurre en una violación de las prohibiciones. Para violación de obligaciones, el texto contempla multas de hasta 15 millones o un 3% de la cifra de negocio. Y en caso de información incorrecta, la sanción será de hasta 7,5 millones o el 1,5% de la facturación.
