De un tiempo a esta parte, todos los productos parecen ser ecológicos, orgánicos, sostenibles o reciclables. Etiquetas verdes aparecen en el material de limpieza o de higiene que compramos en los supermercados, en prendas de todo tipo para hombres, mujeres y niños, en envases de bebidas, incluso en los equipos que se emplean en la industria o en la construcción. Lo verde vende y acaso por ello a los profesionales de muchas marcas no les importa exagerar las cualidades de sus productos para obtener mejores resultados en el mercado, además de evitar críticas en un mundo en el que a veces estamos obligados a ser políticamente correctos. A eso se le llama ‘greenwashing’ (lavado verde) o ecoblanqueo y a tal punto ha llegado su expansión que la Comisión Europea ha decidido pasar a la acción. Quiere frenar la operativa que caracteriza a los ecoimpostores. Los consumidores merecen un mejor trato.

Según datos de la Comisión Europea, el 53,3% de las declaraciones medioambientales de productos examinados en el seno de la UE son vagas, engañosas o infundadas y cerca del 40% no cuenta con evidencia de respaldo. La mitad de las etiquetas verdes, asimismo, no ofrecen ningún tipo de verificación.

Ante este escenario, el pasado mes de marzo la Comisión Europea presentó una propuesta para establecer criterios comunes contra el ‘greenwahing’ y la información engañosa. Se trata de la Directiva sobre alegaciones medioambientales (‘Proposal of a Directive on Green Claims’), impulsada con el objetivo de garantizar que las etiquetas y declaraciones ambientales sean creíbles y confiables y poner fin a este ecopostureo que nos invade. De esta manera, desde Bruselas se intenta proteger y reforzar la confianza de los consumidores y a la vez impulsar la competitividad de las empresas que se esfuerzan por integrar la sostenibilidad medioambiental en sus productos y actividades.

«Esta es una Directiva muy positiva con la que se quiere empoderara al consumidor», apunta Miguel Luis Lapeña, exdirector general de Planificación y Desarrollo del Gobierno de Aragón y autor del libro ‘Agenda 2030. El gran desafío del desarrollo sostenible’. «Se trata de trabajar más el concepto de reparar y desterrar aquello de ‘comprar, usar y tirar’», afirma. En su opinión, ante ese «postureo y marketing» sin razones fundamentadas que tanto abunda en el mercado, hay que oponer las decisiones de consumidores mejor formados e informados.

«Es verdad que hay mucho ‘greenwashing’, pero también hay más personas y empresas concienciadas de verdad con la economía circular», señala un optimista Lapeña, que es embajador europeo por el Cambio Climático, título obtenido tras un proceso de selección que le permite participar en foros y aportar sus conocimientos sobre la materia. «A muchas empresas se les está exigiendo en licitaciones que demuestren que apoyan la sostenibilidad», reseña.

La activista climática sueca Greta Thunberg canceló hace unos días su intervención en un evento en el Festival Internacional del Libro en Edimburgo tras acusar al principal patrocinador de ‘greenwashing’. La joven iba a participar en una sesión titulada ‘Greta Thunberg: no es demasiado tarde para cambiar el mundo’, pero avisó unos días antes que no asistiría después de considerar que Baillie Gifford, una firma de gestión de inversiones con sede en el Reino Unido, es una ecoimpostora. «Como activista climática, no puedo asistir a un evento que recibe el patrocinio de Baillie Gifford, que invierte mucho en la industria de los combustibles fósiles», señaló Thunberg en un comunicado.

Puede que haya en la actitud de esta joven cierto afán de notoriedad, pero de algún modo sirve como denuncia de aquellas empresas que aseguran defender el ideario de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mientras mantienen acciones que no son precisamente amigables con el medio ambiente.

En la Directiva que defiende la Comisión Europea se establecen obligaciones a la hora de fundamentar, comunicar y verificar todas las declaraciones medioambientales realizadas voluntariamente por las empresas. Ese mismo criterio se aplicará a los sistema de etiquetado utilizados por las compañías que no estén recogidos o regulados mediante otras normas vigentes, por ejemplo mediane la etiqueta ecológica o la etiqueta energética. El texto recoge, concretamente, que las empresas que cuenten con más de 10 empleados y una facturación que supere los 2 millones de euros deberán fundamentar todas sus declaraciones y etiquetas con base en una metodología basada en evidencia científica que permita cuantificar rigurosamente su impacto y comunicarlo de forma transparente.

La propuesta orquestada desde Bruselas seguirá el procedimiento legislativo tradicional de la UE. El siguiente paso en esta Directiva contra el ‘greenwashing’ será que el texto íntegro se someta a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. Con la luz verde de ambos, la Directiva entraría en vigor el vigésimo día siguiente tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y luego los Estados dispondrán de dos años para transponer a sus legislaciones lo aprobado.

Miguel Luis Lapeña valora la iniciativa impulsada desde Bruselas mientras hace hincapié en la importancia de generar una cultura que defienda los ODS de la Agenda 2030, siendo consciente de que en países ajenos a la UE el compromiso es menor y sus productos -recuerda- también se venden aquí.

Apuesta aragonesa por la circularidad

Aragón está muy bien posicionada en todo lo relacionado con la economía circular. La creación de un sello específico por parte del Gobierno autonómico saliente de Javier Lambán ha obligado a un buen número de empresas e instituciones de la Comunidad a demostrar que en sus acciones del día a día se trabaja con criterios de sostenibilidad claramente demostrables. Un total de 145 compañías y otras entidades de diferentes sectores se han hecho en dos convocatorias (2022 y 2023) con el sello Aragón Circular.

Para la concesión de este sello en la categoría ‘Empresas’ se ha valorado el grado de implantación de los principios de la economía circular en su gestión, su impacto a lo largo de la cadena de valor y su contribución a lograr en Aragón una economía más sostenible, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la incorporación de criterios de ecodiseño, el origen de las materias primas empleadas o la gestión de residuos, entre otros aspectos.

Por su parte, en la categoría de ‘Administración local’ se han valorado las buenas prácticas desarrolladas por estas entidades, su impacto en su entorno y el grado de innovación y singularidad de su contribución a la transición hacia la economía circular en su contexto socioeconómico.

La vigencia del sello -que podrá ser renovado- se extiende por un periodo inicial de dos años si las entidades cumplen los compromisos adquiridos. La posesión de este distintivo puede tenerse en cuenta como criterio de adjudicación en la licitación de contratos en la forma en que se determine en los respectivos pliegos, así como en las convocatorias de ayudas y subvenciones.