Se conoce con el nombre de Ley de Restauración de la Naturaleza. Es una de las normas estrella del llamado Pacto Verde Europeo (New Deal), un paquete de iniciativas políticas con el que la Unión Europea (UE) quiere avanzar en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Parte de una propuesta lanzada en diciembre del pasado año por la Comisión Europea para acompasar el paso del bloque comunitario a los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15, la conferencia sobre diversidad biológica de Naciones Unidas. Y acaba de dar su primer paso. Fue el pasado 12 de julio en el Parlamento Europeo, donde este proyecto de ley, al que se oponen frontalmente la extrema derecha y el Partido Popular Europeo, así como el comité Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (COPA-Cogeca), logró el aprobado que permitirá continuar con su tramitación.

El margen fue estrecho, pero suficiente. La primera votación, una enmienda decisiva para echar atrás el texto al completo, decayó por apenas 12 votos. Hubo 312 papeletas a favor, 324 en contra y 12 abstenciones, un resultado que se celebró con un estruendoso aplauso de las bancadas liberal, socialista y verde, todos ellos defensores del proyecto de ley.

Llegó luego la revisión, una por una, de las 129 enmiendas añadidas al informe preparado por el español César Luena (PSOE), que dio lugar a una segunda votación del texto al completo, que logró una (de nuevo) disputada aprobación gracias a los 336 votos a favor –21 europarlamentarios del PPE rompieron la disciplina de voto y respaldaron la tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza–, frente a los 300 en contra y las 13 abstenciones.

El siguiente paso tendrá que darlo el Consejo de la Unión Europea, donde el camino se prevé sencillo, ya que los Estados miembros ya consensuaron un enfoque común sobre el proyecto de ley. Con esta institución, la que define las orientaciones y las prioridades políticas generales de la UE, tendrá que negociar ahora la Eurocámara la ley estrella del Ejecutivo comunitario, que se ha visto salpicada incluso por enfrentamientos personales entre el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, y su compatriota y compañera de familia política, Ursula Von der Leyen, que alcanzó en 2019 la presidencia de la Comisión Europea a la que también aspiraba.

Los populares justifican su rechazo a la controvertida norma asegurando que amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables. La extrema derecha la considera "un producto del fanatismo climático".

Los que la defienden –socialdemócratas, verdes, izquierda y la mayoría de los liberales, así como distintas plataformas agrícolas, la comunidad científica internacional, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio abanico de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley–, insisten en que no fija objetivos obligatorios, mejorará la producción agrícola a largo plazo y prioriza la instalación de infraestructura energética verde, entre otros argumentos.

Y, entre unos y otros, las organizaciones agrarias muestran su malestar por la norma, que "no responde a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura mayoritario ahora en Europa", señalan.

Jesús Diges/EFE

Más de la mitad e del producto interior bruto (PIB) mundial depende de la naturaleza y de los servicios que nos presta y más del 75% de los tipos de cultivos alimentarios del planeta dependen de la polinización animal. Pero, a pesar de esta importancia, la naturaleza europea se encuentra en "un estado de deterioro alarmante", con más del 80% de los hábitats "en mal estado". Los humedales se han reducido en un 50% desde 1970, el 71% de las poblaciones de peces y el 60% de las de anfibios han disminuido en la última década y entre 1997 y 2011, el retroceso de biodiversidad representó una pérdida anual estimada de entre 3,5 y 18,5 billones de euros.

Lo recuerda la Comisión Europea para justificar y contextualizar el por qué, el para qué, el cómo y el dónde actuará "la primera legislación de la historia que se propone explícitamente restaurar la naturaleza de Europa", como define a la norma que ha conseguido ya obtener la aprobación de la Eurocámara.

El fin último está cuantificado y fechado. El Ejecutivo comunitario quiere que las medidas de restauración de la naturaleza alcancen al menos al 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030 y que se hayan extendido finalmente en 2050 a todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados.

Para conseguirlo, señala la Comisión, la norma desarrollará experiencias ya existentes como la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir la recuperación de la naturaleza dañada.

Deja claro, sin embargo, el Ejecutivo comunitario que restauración no equivale a protección y, por lo tanto, no todas las zonas restauradas se convertirán en zonas protegidas. "La mayoría de ellas no lo harán, ya que la restauración no excluye la actividad económica, sino que consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades, por ejemplo", insiste.

La ley pone el foco en objetivos específicos, como humedales, bosques, pastizales, ríos y lagos, brezales y matorrales, hábitats rocosos y dunas, pero también tiene como finalidad repoblar las poblaciones de especies mediante la mejora y expansión de sus hábitats e insiste en la necesidad de abordar soluciones no solo para evitar la disminución de los insectos polinizadores sino incluso revertir el descenso de sus poblaciones. Los ecosistemas forestales, urbanos, agrícolas y marinos son también protagonistas de esta polémica norma, que apuesta por la "eliminación de las barreras fluviales para que, al menos, 25.000 kilómetros de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030".

Freno a plaguicidas químicos

No solo restaurar es lo que pretende la norma. Europa quiere evitar que se dañe más el medio ambiente. No solo porque preocupa a la institución comunitaria, sino porque, como aseguran desde la Comisión Europea, los científicos y la ciudadanía están cada vez más preocupados por el uso de plaguicidas y la acumulación de sus residuos en el medio ambiente. Pero reconoce también el Ejecutivo europeo que las normas vigentes de la directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas "han demostrado ser demasiado débiles y se han aplicado de forma desigual", y asegura que no se ha avanzado lo suficiente en el uso de la gestión integrada de plagas, ni en otros enfoques alternativos.

Con estos argumentos, y ante el convencimiento de que "los plaguicidas químicos perjudican la salud humana y reducen la biodiversidad en las zonas agrícolas, contaminan el aire, el agua y el medio ambiente en general", el Ejecutivo comunitario justifica su decisión de incluir en la norma propuesta medidas "claras y vinculantes" para que en 2030 se haya reducido a la mitad la utilización y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de aquellos más peligrosos.

Y, aunque serán los Estados miembros los que tengan que fijar sus objetivos nacionales, tendrán que hacerlo siempre garantizando, eso sí, que se consigue el fin fijado a escala de la Unión Europea.

Se pretende, además, que las nuevas medidas aseguren que todos los agricultores y usuarios profesionales de plaguicidas, que estarán obligados a llevar registros, practiquen la gestión integrada de plagas (GIP), siempre con métodos ecológicos alternativos –aunque será posible el uso de químicos como medida de último recurso–, para lo que se obliga a los Estados miembros a establecer normas específicas por cultivos que indiquen dichas alternativas.

Estarán prohibidos todos los plaguicidas en zonas sensibles, como zonas verdes urbanas, incluidos los parques o jardines públicos, parques infantiles, escuelas, parques recreativos o terrenos deportivos, caminos públicos y zonas protegidas con arreglo a Natura 2000, así como en cualquier zona ecológicamente sensible que deba conservarse para los polinizadores amenazados.

Para los agricultores

La Ley, que ha conseguido el visto bueno (con escaso margen) del Parlamento Europeo, no ha dejado de generar polémica desde el momento mismo en que la Comisión Europea presentó su propuesta para revertir la pérdida de biodiversidad que sufre el Viejo Continente.

El tono del rechazo se ha elevado en los últimos meses, impulsado especialmente por las críticas de los partidos conservadores europeos, que claman sobre el supuesto impacto que la nueva norma tendrá sobre la agricultura y la ganadería. Por las redes sociales han corrido como la pólvora las voces de aquellos que advierten que esta legislación "obligará a los agricultores a abandonar algunos de sus campos, pondrá en peligro las cadenas de suministro europeas o que disparará los precios de los alimentos". Y aún más, hay quien ha llegado a asegurar que los agricultores españoles "tendrán que abandonar el 40% de sus tierras".

Lo desmiente la Comisión Europea, que recuerda que cuando se propone que el 10% de las tierras agrícolas de la UE estén cubiertas por elementos paisajísticos de alta diversidad, una medida que ha levantado ampollas en el sector primario, se está haciendo referencia a un objetivo político que tiene la mirada puesta en toda la Unión Europea, no en cada Estado miembro en concreto. De hecho, según afirma esta institución, la medida está basada en aquellas que varios socios comunitarios ya están adoptando en el marco marco de la Política Agrícola Común (PAC).

Porque el Ejecutivo comunitario insiste en que la normativa no olvida a los agricultores a los que asegura que acompañará en la necesaria transición hacia sistemas de producción de alimentos más sostenibles. Para ello, la propuesta recoge diferentes medidas, entre las que destaca, aunque no concreta, nuevas normas de la Política Agrícola Común (PAC) para garantizar que los profesionales del sector agrario "sean compensados por cualquier coste relacionado con la aplicación de las nuevas normas durante un período transitorio de cinco años". Incluye, además, actuaciones "más firmes" para aumentar la variedad de alternativas biológicas y de bajo riesgo en el mercado, así como para impulsar la investigación y el desarrollo en el marco de los programas Horizonte de la UE en apoyo de las nuevas tecnologías y técnicas, incluida la agricultura de precisión. Y, añade la Comisión, también se prevé un plan de acción ecológico para alcanzar los objetivos de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ en lo que al uso de plaguicidas se refiere.

Con toda la controversia a sus espaldas, la Ley de Restauración de la Naturaleza continúa su camino. Ahora es el Parlamento y el Consejo europeo quienes tienen que concretar el desarrollo definitivo de la normativa. Unas negociaciones que se realizarán bajo la presidencia española de turno de la UE, que se espera lleguen a buen puerto antes de que termine el año.

Planes nacionales para un fin comunitario

Aunque los objetivos son los mismos para todos los Estados miembros de la Unión Europa, la Comisión entiende que cada uno de ellos tiene sus propias peculiaridades y circunstancias. Por eso, y siempre con la mirada puesta en la consecución de los objetivos comunes pero manteniendo flexibilidad para las diferentes circunstancias nacionales, la Ley exigiría a los Estados miembros la elaboración de planes nacionales de restauración, que se tendrán que realizar "en estrecha colaboración" con científicos, las partes interesadas y la ciudadanía.

Establece, además, normas específicas sobre gobernanza (seguimiento, evaluación, planificación, presentación de informes y ejecución), que también mejorarían el diseño de políticas a escala nacional y europea, y velarían por que las autoridades estudien conjuntamente las cuestiones interrelacionadas de la biodiversidad, el clima y los medios de subsistencia.

No son precisamente aplausos lo que han dedicado las organizaciones agrarias a la aprobación en el Parlamento Europeo de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Todo lo contrario. El apoyo conseguido por la iniciativa estrella del Pacto Verde ha caído como un jarro de agua fría sobre los representantes del sector, que se muestran "indignados", "preocupados" y muy críticos.

Dejan claro tanto desde Asaja, con representación en Aragón, como de COAG, en la que se integra la aragonesa UAGA, que los agricultores no están en contra de la restauración de la naturaleza, como les acusan determinados grupos y organizaciones. "Somos conscientes de nuestro papel como defensores de la tierra y reconocemos la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la conservación de nuestros ecosistemas, pero consideramos que esta ley sigue estando fundamentalmente mal preparada y seguirá siendo inaplicable para los agricultores y propietarios forestales", aseguran desde Asaja.

Lo mas "alarmante" para esta organización agraria es que la propuesta "carece de presupuesto", por lo que advierte que "no se puede permitir que la necesaria financiación de las medidas proceda del ya maltrecho fondo de la PAC, sobrecargado por la incertidumbre de la guerra en Ucrania, la inflación y los altos costes de materias primas y energía, así como por las condiciones climáticas adversas".

Para Asaja se hace necesario buscar soluciones que reconcilien la restauración de la naturaleza y las necesidades de los agricultores. Para ello, esta organización agraria aboga por un enfoque basado en la colaboración y el diálogo entre las instituciones europeas, los agricultores y otros actores relevantes. "Creemos además que es posible encontrar soluciones equilibradas y realistas que fomenten la coexistencia armoniosa entre la agricultura y el medio ambiente", insisten.

Y, dado que la normativa todavía tiene que pasar con éxito las negociaciones de los trílogos (grupos informales que se forman para cada una de las propuestas legislativas y en los que participan tres miembros, uno de la Comisión, uno del Parlamento y otro de la Presidencia del Consejo), Asaja advierte que permanecerá "vigilante" a las conversaciones para asegurarse de que "se respete la subsidiariedad y la inclusión activa de los agricultores en la toma de decisiones que afecten directamente al sector".

Muy contundente se muestra también COAG al cuestionar el contenido de la ley. Critican que la norma no precisa cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones, "vitales para el mantenimiento de la biodiversidad en nuestros campos", que no responden a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura mayoritario (por el momento) en Europa y advierte que con ella, el campo español y europeo quedará en manos de grandes corporaciones y fondos de inversión.

Esta organización agraria califica la ley de "injusta e hipócrita" y considera que pedir elementos paisajísticos de alta diversidad en las tierras agrícolas es un "mero brindis al sol que se queda en una política de escaparate si no va acompañado de un giro de 180 grados en las políticas comerciales y de regulación de mercados de la UE para evitar una competencia desleal de las importaciones y garantizar una estabilidad de precios e ingresos a nuestros productores".

Denuncian los representantes de COAG que no se ha escuchado la voz de los afectados, a los que, sin embargo, los legisladores han aumentado con la norma la gran carga burocrática que ya soportan. "Los distintos actores del sector y de la cadena agroalimentaria deben asumir equitativamente la responsabilidad de alcanzar los objetivos, y los hombres y mujeres del campo deben poder participar de forma efectiva en el proceso para definir de qué manera se lleva a cabo", añade.

En COAG no tienen ninguna duda de la importancia de restaurar los ecosistemas dañados, pero consideran que la UE debe evitar un enfoque basado en porcentajes de superficie terrestre y marina a conservar. "Esta concepción es una solución falsa, porque una visión obsoleta que busca acotar la llamada naturaleza salvaje ha demostrado su ineficacia tras 50 años de investigación científica", insiste la organización agraria, que lamenta que dicha perspectiva "no reconoce la riqueza de la interacción de las actividades humanas y agrícolas con su entorno, en las producciones manejadas con un enfoque más sostenible, en los pastos correctamente gestionados, en los territorios comunales...".