elecciones agrarias
El campo quiere votar
Hace casi 22 años que los agricultores y ganaderos no acuden a las urnas para elegir a sus representantes. Y el sector cree que es el momento de volver a insistir en la necesidad de llevar las urnas al campo.
El sector agrario aragonés quiere ir a las urnas. Pero cuando expresan su deseo de votar los agricultores y ganaderos no se refieren precisamente a la cita que los aragoneses tienen el próximo 28 de mayo –y a la que obviamente también están convocados–, fecha en la que los ciudadanos deciden con sus papeletas a los representantes autonómicos y municipales que llevarán las riendas de la Comunidad y de sus distintos municipios durante los próximos cuatro años.
Los profesionales del sector hablan de un proceso electoral en el campo, ese que no mide la representatividad de las organizaciones agrarias y que no se ha celebrado desde hace nada menos que 22 años. Porque hay que remontarse a comienzos de un caluroso mes de junio de 2001 para encontrar la última ocasión en la que el campo eligió a su líderes en las urnas.
Entonces, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) fue la organización que obtuvo mayor número de votos. Se hizo con 36 de los 75 puestos que se repartían en las Cámaras Agrarias de cada una de las provincias: 14 en Zaragoza; 13 en Teruel y 9 en Huesca. Asaja fue la segunda fuerza agraria más votada con 29 representantes: 14 en Huesca; 10, en Teruel y 5 en Zaragoza. Siete y tres puestos fueron los conseguidos respectivamente por Araga, y por UPA, una organización recién nacida en Aragón, que apenas contaba entonces con un mes de vida en la Comunidad.
Y mientras en otras comunidades, como Castilla y León, Extremadura o Cataluña, las organizaciones agrarias han ido midiendo sus fuerzas con procesos de elección que se repiten cada cuatro o cinco años, en Aragón la representatividad del sector agrario sigue anclada en unos resultados de hace más de dos décadas.
Ahora, tras varios intentos fallidos y no exentos de discordia, UAGA vuelve a destapar la caja de los truenos, porque aunque todas las organizaciones profesionales agrarias con implantación en Aragón se muestran dispuestas a medirse en un proceso electoral "democrático y transparente", el desacuerdo es evidente cuando se trata de establecer cómo hay que votar, cuándo hay que hacerlo, con qué circunscripciones electorales, y sobre todo, quiénes son los que están legitimados para emitir el voto.
Pero es que, además, antes de enfrentarse a dicho proceso hay que solucionar un cabo suelto. Este se llama Cámaras Agrarias –una por provincia–, que ahí siguen, aunque todos reconocen que son organismos obsoletos y sin utilidad, con unas exiguas (casi inexistentes) competencias. Eso sí, su extinción no es sencilla. Atesoran un patrimonio, unos bienes generados por las aportaciones que durante décadas y desde año años realizaron los agricultores y ganaderos con una cuota que se descontaba de sus pagos a la Seguridad Social. Cuál sería su destino es una cuestión que tampoco consiguen consensuar las organizaciones agrarias aragonesas.
El debate está sobre la mesa. Incluso ha llamado a la puerta del despacho del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que, de momento, prefiere no pronunciarse.
Aunque han lanzado el órdago, en UAGA son conscientes de que en esta legislatura, a la que le quedan breves, ya no será posible la convocatoria de una elecciones al campo. Si plantean ahora la exigencia es, explica su secretario general, por "dos motivos esenciales". El primero para que se tome nota de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas como Castilla y León, donde el pasado día 12 de febrero, los agricultores y ganaderos volvieron a las urnas, como lo hacen cada cuatro años. La segunda razón tiene que ver con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. "Los partidos políticos están ahora elaborando sus programas electores y creemos que es fundamental que sepan y tengan en cuenta en sus proyectos de futuro que hay convocar elecciones al campo para determinar la representatividad del sector", explica Alcubierre.
El secretario general de UAGA señala que aunque su organización "salió bien en la foto de 2001" –fue la ganadora en aquellas elecciones-, ha pasado demasiado tiempo, el sector no es el mismo y el sindicato quiere pasar ese examen. "A lo mejor vamos por un camino que creemos que es el correcto y luego resulta que en las urnas nos dicen que no es así y que tenemos que ir por otro lado", añade.
Quiere además que las cifras pongan a cada uno en su lugar. Porque es cierto que queda muy lejos aquellas representatividad lograda hace 22 años, pero lo peor, denuncia el máximo responsable de UAGA, es que el Gobierno de Aragón ni siquiera respeta aquellos resultados "y está dando representatividad a quien no la consiguió entonces y a organismos que no son organizaciones profesionales".
Alcubierre señala a los diferentes Gobiernos que han ocupado el Pignatelli desde aquella fecha como responsables de este bloqueo. Los acusa de "escudarse" en la elaboración de una ley que permita la eliminación de las Cámaras Agrarias y establezca los mecanismos para fijar la representatividad en el sector agrario. Una norma que todos los Ejecutivos han comenzado a proyectar y que nunca ha terminado por llegar a puerto. Por eso, desde esta organización, se propone "dejar este asunto a un lado y preocuparse de actualizar la representatividad con elecciones". Cree que solo así, partiendo de unos resultados actualizados, el Gobierno de Aragón y las organizaciones agrarias podrán empezar a trabajar para encontrar la fórmula que permita aprobar la extinción de las cámaras o bien para dotarlas de contenido.
Aunque UAGA ha lanzado la propuesta en solitario, el resto de organizaciones agrarias no pone pegas a la celebración de unos comicios en el campo. "Nosotros nunca nos hemos opuesto a un proceso democrático", deja claro Fernando Luna, portavoz de Asaja en Aragón, la organización que ocupó el segundo lugar en las preferencias del aquel sector agrario de 2001.
Tampoco pone peros a la convocatoria el líder de Araga, Jorge Valero, ni el secretario general de UPA-Aragón, José Manuel Roche, que coinciden en responsabilizar a UAGA de la no convocatoria de comicios en más de dos décadas.
"La propuesta de UAGA ha sido una sorpresa, por el momento en el que está planteada y porque no ha contado con ninguna otra organización, pero para UPA la convocatoria de elecciones siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones, porque no tenemos nada que perder", señala su máximo responsable. Y es que UPA apenas contaba con un mes de vida en Aragón cuando se topó con las urnas, en las que no consiguió los votos suficientes para contar con representatividad. "Hemos tenido muchos problemas durante estos años para poder reunirnos con los sucesivos consejeros o poder ocupar puestos de interlocución en algunos foros e incluso he tenido que aguantar que me limitaran la entrada en determinados actos o reuniones. Ha sido muy duro para la organización", insiste Roche, convencido de que un nuevo proceso solo les permitiría avanzar.
¿Quién podrá votar?
No hay fisuras cuando se habla de elecciones, así, en general. Pero las distancias parecen insalvables si de lo que se debate es del censo electoral. Para UAGA no hay duda. A las urnas tienen que acudir "exclusivamente" los profesionales de la actividad agraria, aquellos que cotizan a la seguridad social como agricultores y ganaderos, por lo que, según la organización agraria, son electores los 17.923 autónomos agrarios que reflejan los datos más recientes del Instituto Aragón de Estadística. "No es legítimo que personas que trabajan en otros sectores productivos o cotizan como autónomos de otras actividades participen en unas elecciones para elegir a los representantes del campo".
Es el argumento que también comparte Roche, que asegura que para UPA-Aragón está claro quiénes conforman este censo. "Es muy sencillo, solo hay que ir a los datos de la Seguridad Social y aquel que esté dado de alta de autónomo agrario es el que puede votar, como se hace en otras comunidades autonómas", matiza.
No piensan lo mismo los responsables de Asaja. Fernando Luna insiste en que su organización nunca se ha opuesto a concurrir a las elecciones, pero deja claro que se opondrán al proceso si esté no se realiza en circunscripciones provinciales, si el censo no incluye a todos los perceptores de la PAC y si el mecanismo de voto se establece de manera telemática o acudiendo a las cabeceras de comarca, como ya se planteó en una ocasión. "Tiene que haber urnas en todos los pueblos", puntualiza el portavoz de Asaja Aragón, que señala que restringir el derecho al voto a los autónomos del sector "sería como no permitir participar en las elecciones generales o autonómicas a los funcionarios y a los jubilados".
La referencia para Araga también es la Política Agraria Común. Su presidente, Jorge Valero, insiste en que todos los perceptores de las ayudas comunitarias tienen que poder emitir su voto. Suman también a aquellos agricultores y ganaderos que, por su actividad, no tienen derecho a presentar dichas declaración. "Si somos demócratas, lo somos para todo", puntualiza.
Patrimonio
Ninguno de los representantes de las organizaciones agrarias niega la escasa utilidad, por no decir nula, de las cámaras agrarias, cuya labor se reduce a escasos trámites relacionados con las concentraciones parcelarias o las expropiaciones. No hay reparos a su total extinción, porque además su desaparición supondría también un ahorro de costes de mantenimiento.
En lo que existen ligeras diferencias es en qué hacer con su patrimonio. "Ya se sabe lo que se tiene que hacer con él. Otra cosa es que la gente no se quiera acordar, pero las cámaras estatales se extinguieron y hubo reparto y también desaparecieron las locales y se repartió su patrimonio. Falta eliminar las cámaras provinciales y ya estaba acordado que su patrimonio tendría que ser que para las organizaciones agrarias que son las sucesoras de la representatividad de esos organismos y del sector".
Las organizaciones agrarias tienen que ser las destinatarias de dichos bienes en opinión de Asaja-Aragón, que aboga por un reparto equitativo como el que se realizó cuando se disolvió la cámara estatal, "siempre que ese dinero tengo como destino incrementar el patrimonio de las organizaciones y nunca su cuenta de resultados", dice Luna.
Araga introduce, sin embargo, un matiz. Cree que lo más conveniente sería crear una Cámara Agraria de ámbito autonómico que aglutinara las propiedades de las provinciales, porque, en su opinión. No comparte la opinión de sus colegas en el resto de los sindicatos y por lo tanto su presidente se muestra contrario a que estos bienes (o el dinero de su venta) terminen en los bolsillos de las organizaciones agrarias. Porque nisiquiera cree que deban desaparecer totalmente, ya que considera que "no solo no están obsoletas sino que todavía mantienen funciones importantes como la supervisión de las concentraciones parcelarias".
Las organizaciones agrarias
Asaja Aragón, Por un proceso ajustado a la realidad del campo. Se convirtió en la segunda fuerza en el sector agrario aragonés en las elecciones de junio de 2011 y sus máximos representantes insisten en que a pesar del tiempo desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que se han mostrado a favor de repetir el encuentro con las urnas. Pero dejan claro que no apoyaran fórmulas que no tengan en cuenta la realidad del sector. El portavoz de Asaja-Aragón, Fernando Luna, se refiere así a propuestas como el voto telemático o la instalación de urnas únicamente en las cabeceras de comarca. Y recuerda que todos aquellos que presentan la PAC tienen derecho a voto, esten dados de alta o no a la seguridad social agraria.
Araga, un crecimiento que podría mejorar los resultados. Araga consiguió siete puestos en las últimas elecciones a Camarás Agrarias, pero se muestra convencido de que si el proceso electoral se repite sus resultados mejorarían notablemente. "Lo creo porque no nos hemos doblegado ante el Gobierno, hemos dicho lo que pensábamos tanto si les gustaba como si no y hemos dado nuestra opinión fuera la que fuera", señala su presidente Jorge Valero. Hay otros motivos por los que esta organización agraria encararía con buenas expectivas el encuentro con las urnas. "Hemos aumentado el número de socios y hemos abierto nuevas oficinas por el territorio, por lo que la sensación que tenemos es de mejora".
UPA Aragón, sin nada que perder y mucho que avanzar. La Unión de Pequeños Agricultores acababa de constituirse en Aragón cuando se convocaron las elecciones de junio de 2001. "Solo teníamos un mes", señala su secretario general, José Manuel Roche, que reconoce que, por ese motivo, a esta organización agraria le asusta menos que nada la celebración de unos comicios para determinar la representatividad del sector. Roche reconoce que ha recibido el anuncio de UAGA con sorpresa, que le hubiera gustado que la propuesta llegará a la consejería con el aval de todas las organizaciones, pero aplaude la iniciativa porque "UPA no tiene nada que perder" y su avance en Aragón será también un avance en las urnas.
Tres consejero y ninguna solución
Es cierto que en estos casi 22 años que han transcurrido desde las últimas elecciones agrarias han sido numerosas las ocasiones en los que los representantes del sector han alzado la voz exigiendo nuevos comicios. Y también son varias las intentonas de los distintos consejeros que han ocupado el despacho de Agricultura del Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias para convocar el proceso electoral.
Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible llegar a buen puerto por los constantes desacuerdos de los que se culpan unos a otros.
En 2010 llegó a parecer que la situación estaba cerca. El consejero socialista Gonzalo Arguilé intentó elaborar una ley para medir la representatividad agraria que solo terminó por generar un campo de batalla en el que la lucha se libraba entre organizaciones agrarias entre sí, por un lado, y entre las organizaciones agrarias y el consejero por el otro.
El escollo principal es que dicha norma no llevaba las urnas al campo, porque el entonces consejero creía más conveniente medir la representatividad mediante el cómputo, por acta notarial y cada seis años, del número de afiliados a cada sindicato. Y estos no estaban dispuestos a renunciar a medirse mediante el voto. Así, no hubo ni una cosa ni la otra.
En 2012, con el popular Modesto Lobón como consejero del ramo, la constitución de la Comisión Permanente de Agricultura, que dejó fuera a UPA y Araga, volvió a resucitar el viejo dilema de la representatividad agraria. Araga exigió a Lobón un tratamiento igualitario y la convocatoria de elecciones a lo que el titular de Agricultura respondió que se estaba buscando una medida con la que resolver «el problema de las cámaras agrarias, el destino de su patrimonio y la representatividad del sector». Pero tampoco llegó.
Y en 2015, cuando era el consejero socialista Joaquín Olona el que ocupaba el despacho de la sede de San Pedro Nolasco, fueron las Cortes las que instaron al Gobierno a sacar adelante la ley de extinción de Cámaras y solucionar así la representatividad de las organizaciones profesionales. Olona quería una solución de consenso y aunque durante los últimos años ha mantenido reuniones periódicas con los sindicatos del campo para intentar zanjar este asunto, no ha sido posible tanto por las diferencias en el destino del patrimonio como en lo que al censo electoral se refiere.
Ch. García
