El renacer de la economía colaborativa en Aragón
Más de 21.000 empleos generados y una facturación superior a los 3.300 millones dan buena cuenta del peso que tiene en el producto interior bruto aragonés un modelo cuyo impulso favorecerá la ley que acaba de aprobarse
Ha sido muchos años la hermana pobre, pero la economía social, solidaria o colaborativa cobra cada vez mayor relevancia. Ha demostrado resistir mejor las crisis, incluida la generada por la pandemia, y ha ido ganando en empleo e ingresos de año en año hasta representar ya un 9,51% del producto interior bruto (PIB) en Aragón, según el séptimo Informe de Economía Social 2021 elaborado por la Cátedra de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de Zaragoza que preside Carmen Marcuello.
En la Comunidad había 7.249 entidades de economía social el pasado año. Representan el 8,18% del total de empresas (88.602) y suponen el 3,79% del total del empleo creado. Estas entidades dieron trabajo en 2020 (último dato disponible) a 21.967 personas siendo las fundaciones activas las que más empleo crearon con 6.656, seguidas de las cooperativas, con 6.359, y entidades asociativas, con 2.801 empleos.
También han crecido los ingresos que genera la economía social, alcanzando en 2020 los 3.355 millones de euros (24,33% más que la facturación en 2019). Un incremento que se debe, según la autora principal del informe, a la incorporación de los datos de sociedades agrarias de transformación, de las que hasta ahora no se disponía de información. Así, las entidades que más han ingresado han sido cooperativas (2.366 millones, un 69% del total), seguido por sociedades agrarias de transformación (641 millones, un 20% del total) y fundaciones activas (204 millones, un 6% del total).
En cuanto a la aportación de este tipo de economía al Valor Añadido Bruto (VAB), este ha sido de 599,8 millones, un 47,78% más que el año anterior, representando un 1,86% del VAB frente al 1,25% de 2019. De acuerdo a este informe, las dos entidades que más han contribuido al VAB de la economía social han sido las cooperativas, con 210,6 millones, seguidas por las fundaciones activas, con 196,3 millones.
«Tanto en empleo como en ingresos y valor añadido se consolida el sector de la economía social en Aragón», reconoce Carmen Marcuello, satisfecha de que por fin se haya aprobado la ley que pretende impulsarla tras el trabajo conjunto realizado por el departamento de Economía de la DGA y las once plataformas que la integran: AREI, CAA, Cermi; Consejo aragonés de Fundaciones; Coordinadora de Voluntariado; FAS, Padis, Plataforma de Voluntariado; REAS Aragón; Red EAPN de Entidades Sociales para la Inclusión; y la Unión de cooperativas de enseñanza de Aragón.
La economía social, la que apuesta por el interés colectivo, está cada vez más presente, remarca Marcuello. «La Unión Europea y todos los Gobiernos la fomentan por los valores que implica», en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido el papel imprescindible que tiene al acuñar este mismo año una definición universal: «La economía social y solidaria (ESS) engloba a las unidades institucionales con finalidad social o pública, que realizan actividades económicas basadas en la cooperación voluntaria, la gobernanza democrática y participativa, la autonomía y la independencia, cuyas reglas prohíben o limitan la distribución de los beneficios».
«Cooperativas, asociaciones, mutualidades, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras unidades que operan de conformidad con los valores y principios de la ESS en la economía formal e informal caben en dicha definición», apostilla Marcuello, que espera que la ley aragonesa de economía social tenga dotación presupuestaria.
«La ciudadanía demanda un cambio social y que se camine cada vez más hacia una economía de valores», opina Magdalena Sancho, presidenta de Cepes Aragón, asociación que aglutina nueve entidades de economía social en «cuyo ADN», recuerda, «están los ODS». Aplaude la nueva ley de economía social que le dará más visibilidad y proyección. Y reclama aprovechar el buen momento que vive este modelo de economía para que «no aparezca solo como asignatura optativa en tercero de la ESO sino que se enseñe en los diferentes niveles educativos, desde primaria hasta carreras universitarias como ADE (Administración y Dirección de Empresas)», para animar el emprendimiento y fortalecer el tejido social y asociativo.
Pediría una atención preferente en la ley de contratos del sector público para la prestación de servicios por la economía social. Que el porcentaje que ya existe se cumpla y vaya a más» y sobre todo, subraya Sancho, «que haya una dotación económica».
El renacer que vive la economía social debe ser apoyado y favorecido por este nuevo marco normativo, destaca la presidenta de Cepes Aragón, y que favorezca iniciativas que surgen, como las nuevas comunidades energéticas o los proyectos de vivienda compartida (‘cohousing’) e iniciativas en la economía de los cuidados que promueven asociaciones o cooperativas.
Junto con el mayor apoyo de la Administración, «es preciso que más empresas se impliquen y subcontraten servicios –de limpieza, empaquetado, reciclado, etc.– con centros especiales de empleo y otras entidades de economía social», asegura Francisco Galán, secretario de la patronal aragonesa de la discapacidad (Padis). «Hay que reforzar el carácter social de la administración pública y de las empresas y que establezcan más alianzas con este modelo de economía que cuida de las personas, es respetuosa con el medio ambiente y favorece la colaboración y el compromiso colectivo». Para Galán, la nueva ley de economía social, contribuirá a dar visibilidad. «Uno de los objetivos de la próxima década es ser más responsables socialmente, además de verdes y sostenibles», destaca.
Vivienda colaborativa
Medir la economía no solo en resultados sino por el grado de compromiso social es el objetivo. El mismo que ha llevado a las entidades que representan Marta Sánchez, de Acero-Urgel Abogados, Sofía Berdún y Carlos Clarimón, de Nabata Asesoría (grupo La Veloz) y Pablo Muñoz de ADN Colaborativo a fundar ‘La Replazeta’, una empresa que acompaña profesionalmente proyectos autogestionados de cooperativas de vivienda en cesión de uso, de los que hay en marcha media docena en Aragón, la mayoría en Zaragoza pero también en Artieda (comarca de la Jacetania) y Escanilla (en la del Sobrarbe).
«Nos constituimos en 2019 y aunque la pandemia nos frenó, seguimos en marcha», comenta Sánchez. «Lo que se busca es otra forma de acceso a la vivienda, tanto por gente joven como por mayores que optan por un modelo de cuidados acorde a sus necesidades.
El ‘cohousing’ o vivienda cooperativa o colaborativa permite otra forma de habitar el edificio no de forma individual sino con espacios comunes compartiendo recursos», señala. «La propiedad es colectiva, pero se cede el uso a las personas que lo van habitar», aclara esta abogada que junto a 40 aragoneses más han participado recientemente en el I Fórum de vivienda cooperativa en cesión de uso que se celebró en Barcelona a finales de noviembre. «Hay muchas dificultades» reconoce Sánchez como la falta de suelo; la financiación ya que solo entidades como Fiare Banca Ética o Coop57 avalan proyectos de este tipo; y la falta de apoyos de la Administración, así como una fiscalidad más favorable.
Más apoyo de la Administración para que los cursos que ofrecen puedan ser subvencionados es lo que piden Silvia Cavero y Vicente López, presidenta y gerente, respectivamente de Ixeia Sociedad Cooperativa Escuela de Pastelería Ripa, que ofrece formación sociolaboral y ocupacional a personas en riesgos de exclusión social.
«Abrimos la tienda en Camino del Vado en enero de 2020, antes de la pandemia. Mantenerla abierta nos ha permitido aguantar. Si hubiéramos sido solo centro de formación, no habríamos podido», reconoce López, funcionario de prisiones que lleva 29 años en Zuera, y Cavero, que trabaja de profesora de pastelería en una fundación. «Nos gustaría estar impartiendo mucha más formación en la cooperativa, pero se necesita financiación», afirman, mientras siguen compaginando sus trabajos con este proyecto inclusivo.
Otra forma de tratar los trastornos depresivos
En un auténtico proyecto de vida se ha convertido AFDA (Asociación de Trastornos depresivos de Aragón), empresa social promovida por 40 profesionales sanitarios y trabajadores sociales, entre ellos Javier Mediel y Luis Cortés, respaldados por una red de voluntarios. «La asociación nació hace 13 años de un grupo de familiares apoyándose en el Teléfono de la Esperanza», recuerdan.
Luego les propusieron profesionalizarla y arrancaron en Torrero en un espacio cedido por las asociaciones. «Vimos que podíamos hacer un entramado de ayuda interdisciplinar con psicólogos, psiquiatras, endocrinos, fisioterapeutas», añaden y siguen en la calle Santa Lucía, convertidos en un pequeño centro de especialidades. Han tenido ayudas, pero son autosostenibles al haber dado respuesta a la gran demanda asistencial que había. Primar terapias grupales potenciando el sentido de comunidad y hacer que los socios sintiesen el proyecto como suyo les ha permitido consolidar AFDA, pionera en ofrecer un modelo de terapia muy despatologizante.
Nuevos galardonados por la Cátedra de Economía Social y Cooperativas
«El compromiso y la implicación del socio ha de ser total en entidades de economía social como son las cooperativas», destaca Antonio Pano, uno de los galardonados por la Cátedra de Economía Social por su carrera al servicio del cooperativismo agrario aragonés. «No se apoya lo suficiente el cooperativismo en la explotación de base, pese a ser la única forma de garantizar la supervivencia. Todavía hay un individualismo muy fuerte y resistencia a crear sociedades de producción que luego se integren en una cooperativas. Se debería impulsar mucho más desde los poderes públicos», afirma.
Para la otra galardonada, Dalila Robayo, gerente de Carinsertas, empresa de inserción laboral que nació en 2013 y que emplea ya 30 personas, lo más importante es el «nivel de compromiso, el doble en estas empresas», dice. Aunque la economía social «parezca ahora una moda siempre ha primado a las personas y eso es lo que las distingue, así como el nivel de implicación para lograr que esas personas que pasan por talleres formativos puedan transformar sus vidas al obtener un empleo». A su juicio, lo que hace falta es que más empresas confíen en la economía social y contraten sus servicios.
