La UCA busca integrar a los inmigrantes a través del consumo

La óptima integración de los inmigrantes pasa por facilitarles el acceso a los bienes o servicios del país de acogida. De esta manera lo entiende la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que ha presentado este lunes su ‘Código de buenas prácticas’, tanto para comercios como para empresas. El decálogo, financiado por el Gobierno de Aragón con el respaldo del Fondo Social Europeo, recoge recomendaciones técnicas o de gestión, “encaminadas a conseguir el entendimiento, la asimilación del mundo del consumo por parte de la población inmigrante”, ha indicado la presidenta de la UCA, Fernanda Blanco.

El código sugiere la buena disposición a la comunicación, sea oral o gestual, tanto por parte de la población inmigrante como de los dueños de establecimientos; promover el contacto entre colectivos de distintas culturas; ofrecer un lenguaje sencillo en elementos como las hojas de reclamaciones; instigar el consumo de alimentos procedentes del exterior o la presencia de estos en supermercados para consumo inmigrante; concienciar de la igualdad; promover el uso de las nuevas tecnologías para favorecer el acceso a los servicios o buscar financiación pública para facilitar la integración de la población extranjera en la sociedad.

"De sentido común"

Los sectores a los que atañe son variados: sanidad, educación, transporte, vivienda, comunicación, comercio, banca… En todos ellos, el “desconocimiento del idioma o ciertas barreras religiosas” pueden suponer un problema para “nuestros nuevos vecinos”, ha insistido Blanco. Dos años ha requerido la elaboración del informe, que ha tenido en cuenta las experiencias previas de colectivos de distinta procedencia a través de encuestas, en las que también han participado asociaciones empresariales o entidades sociales. La presidenta de la UCA ha querido recalcar que la desconexión del inmigrante con su entorno “puede suponer, además, una pérdida económica, de futuros clientes” para los negocios. Los análisis se han realizado con la colaboración de los consistorios de Zaragoza, Teruel, La Almunia de Doña Godina o Caspe. “Y ahora está pendiente el colofón -ha insistido Blanco-, que es el compromiso de adhesión al código” de todos los actores implicados.

El informe recoge “cuestiones de sentido común que permiten avanzar en la igualdad de la población de Aragón”, ha dicho la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. Pero también en la lucha contra la “despoblación o la dispersión de los habitantes de la comunidad”, puesto que la cifra de inmigrantes en la región “supera los 130.000”. La consejera ha querido poner el foco asimismo en la “inserción laboral”, la “verdadera forma de inclusión” en la sociedad.