Diseñan un sistema que premia a la agricultura y la ganadería sostenibles

"La política debería reconocer el rol de los granjeros en el ecosistema, para lo cual se deberían establecer unos objetivos concretos que favorezcan la justa distribución de prestaciones". Esa es la afirmación que se desprende de la iniciativa que los profesionales Tamara Rodríguez y Alberto Bernués, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, y Ana María Olaizola, de la Universidad de Zaragoza, han desarrollado: un sistema de pagos que permite medir la contribución objetiva de ambos sectores a la sociedad. Tanto el diseño como sus resultados aplicados a nivel mediterráneo han sido publicados en la revista científica 'Ecosystem Services'.

Este novedoso método, basado en evidencias científicas, se desarrolla a través de una hoja de cálculo. Además, su diseño es genérico, lo cual permite que sea adaptable a diferentes sistemas agrarios u objetivos ambientales. Asimismo, recoge las opiniones de diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo sostenible de la actividad agraria. Y, por todo ello, su incorporación podría aumentar la legitimidad de la futura PAC, al seguir el criterio de asignar “dinero público para servicios públicos”.

El pastoreo, fundamental en Aragón

Los investigadores cuantifican los beneficios de las distintas prácticas agrarias de las explotaciones sobre factores como el paisaje, la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la captura de carbono o la provisión de alimentos de calidad. Posteriormente, se asigna el presupuesto disponible a dichas prácticas de acuerdo a la política establecida. Para que los pagos sean efectivos, deben acompañarse de un sistema de seguimiento de los objetivos. En explotaciones de ovino de Aragón, el sistema reveló que tanto el pastoreo adaptado a la capacidad de carga del ecosistema como la gestión de la vegetación semi-natural son fundamentales para la prevención de incendios forestales, entre otros servicios ambientales.

La sostenibilidad de la agricultura o la ganadería se ha convertido en tema central en el debate público o científico. La producción de alimentos es uno de los principales factores de impacto en la degradación del medio ambiente: contaminación de agua, emisiones de gases de efecto invernadero... Sin embargo, las prácticas de determinados sistemas pueden proporcionar beneficios ambientales a la sociedad, conocidos como servicios de los ecosistemas, como prevenir incendios forestales o secuestrar carbono en los suelos. La mayoría de estos se consideran de carácter público. Y, al no ser adecuados para su gestión los mercados convencionales, los agricultores no tienen incentivos para proporcionarlos.

Las políticas públicas, como la PAC, deberían corregir estos fallos del mercado. Sin embargo, su efectividad está fuertemente cuestionada: la legitimidad de los pagos directos -ausencia de requisitos de producción, falta de objetivos sociales claros o distribución desigual entre beneficiarios-, la necesidad de mejorar el 'greening' o pago verde o la escasa eficiencia de las medidas agroambientales. En este contexto, tanto los agricultores o ganaderos como los responsables de las políticas necesitan herramientas para establecer objetivos ambientales concretos y una distribución justa de las subvenciones a las explotaciones agrarias.