Los bandazos del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas ha derivado en un 'boomerang' contra las entidades, que a partir de ahora verán cómo tienen que hacerse cargo de prácticamente todos los gastos asociados a la escritura hipotecaria a excepción de la tasación de la vivienda. Ese es el acuerdo al que llegaron este martes los diputados de la Comisión de Economía del Congreso, donde negocian la reforma de la ley hipotecaria, cuyo texto definirá qué parte se lleva cada gasto, una distribución sobre la que no hacía mención alguna la norma.

Serán los bancos los que carguen, una vez que el texto normativo haya sido refrendado por el Congreso, con la mayor parte de esas facturas, frente a lo que ocurría hasta la semana pasada, con los clientes liquidando la mayor parte de esos conceptos. El banco asumirá por ley los gastos correspondientes a la escritura como la gestoría y el arancel notarial. Serán, además, los que tengan que pagar los costes de la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite una copia, serán estos quienes lo liquiden.

El texto normativo definirá "de forma clara y explícita" qué partidas asume cada una de las partes a la hora de establecer la firma de la hipoteca "para evitar problemas y conflictos" como los acaecidos hasta ahora, según explicó el diputado del PSOE en la comisión, Gonzalo Palacín. Los diputados admiten que el último fallo del Supremo, corregido por el decreto del Gobierno que obliga a la banca a ejercer de sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), "ha influido" en las negociaciones para dotar de un sistema más favorable al consumidor. La ley dará mayor seguridad jurídica al mercado y "evitará conflictos posteriores", reconocen fuentes legislativas.

Para una hipoteca media de 125.000 euros, se establecen unos gastos de unos 2.800 euros. De ellos, unos 1.600 euros corresponderían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que también paga ya la banca; otros 670 euros de notaría; y 180 euros más del registro de la propiedad. En total, 2.450 euros para las entidades, un 81%. El apoyo a esta distribución ha sido mayoritario, aunque no unánime, porque Unidos Podemos quería que el banco sufragara también la parte de la tasación inmobiliaria.

Esos 350 euros que cuesta la valoración de la vivienda, en una hipoteca media, es la partida que va a abonar el cliente, como hacía hasta ahora. Los diputados justifican esta excepción en la factura que asumirán los bancos porque la elección de la compañía que realiza la tasación es el único concepto que, teóricamente, pueden elegir voluntariamente; aunque en la mayoría de los casos suele ser alguna firma asociada a la entidad prestataria.

En este reparto también se ha dispuesto, como ya estaba previsto, que el banco asuma el impuesto de AJD, en línea con el decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes. Desde este lunes, las entidades están pagando ese impuesto en las escrituras que han firmado, a la espera de comprobar cómo evolucionan los tipos de interés de esos préstamos durante este mes para determinar si ya están repercutiendo por esa vía la asunción del impuesto registral.

Ejecuciones por impago

La Comisión que elabora esta reforma de la Ley de Crédito Hipotecario aún no ha llegado a un acuerdo sobre otra de las polémicas cuestiones que rodean este texto: la comisión por vencimiento anticipado que aplican las entidades cuando se registran impagos de las cuotas mensuales. El texto del proyecto de ley indica que el banco podrá actuar cuando se acumulen nueve cuotas sin pagar -o el 2% del capital pendiente- durante la primera mitad de vida del crédito.

Será la próxima semana cuando definitivamente finalice la ponencia y el texto pase al Senado para estar aprobado antes de fin de año o principios de 2019. Fuentes de la Comisión reconocen que los puntos más conflictivos ya han sido superados y solo restan una serie de flecos que, aunque importantes, no parece que vayan a suponer un obstáculo para paralizar el trámite y evitar la multa millonaria de Bruselas.