Se equivoca Pedro Sánchez al promover en caliente una reforma del impuesto de las hipotecas. Yerra al hacerlo de manera demagógica y echando leña al fuego del desprestigio de las instituciones, aunque, eso sí, es necesario establecer con claridad quién debe pagar. La normativa hipotecaria española requiere, desde hace tiempo, una revisión a fondo, que debe hacerse con serenidad, lejos de pulsiones populistas y electoralistas que solo generan mayor confusión.

La polémica sentencia del Supremo ha generado una ola de malestar social. Los políticos han entrado rápidamente al trapo intentando presentarse como paladines del consumidor frente a las entidades financieras. Y el propio presidente del Gobierno se ha puesto al frente de la manifestación. Es correcto modificar la ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados, puesto que en su redacción actual no establece con claridad quién es el sujeto pasivo en el caso de las escrituras hipotecarias. Lo que no es de recibo es que el jefe del Ejecutivo simplifique demagógicamente el problema para cargar las culpas de una situación claramente impopular sobre el Poder Judicial y sobre la banca, cuando el origen está en una regulación confusa que se remonta veinticinco años atrás. Se observa también un aire populista en las reacciones de la oposición. Pablo Casado pide ahora la supresión del impuesto –lo que debería al menos estudiarse–, pero se olvida de que el PP podría haberlo hecho durante los siete años que ha estado gobernando y no lo hizo. Y Pablo Iglesias llama directamente a una movilización que solo pretende aprovechar en su favor la indignación, comprensible pero no necesariamente acertada, de muchos ciudadanos. La normativa hipotecaria debe ser modernizada, eliminando incertidumbres e incorporando plenamente la sensibilidad social en la defensa de los consumidores. Esa es una tarea que los legisladores deben emprender con rapidez, pero también con serenidad y responsabilidad.