Reacciones al fallo: los consumidores se muestran indignados, el Gobierno analizará la sentencia y Podemos llama a la protesta

Abogados y asociaciones de consumidores lamentaron este martes la decisión del Tribunal Supremo de cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en una hipoteca en contra del criterio conocido el pasado 18 de octubre que se lo atribuía a la banca.

Tras hacerse pública la decisión adoptada esta tarde por el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo, algunas agrupaciones han mostrado su oposición ante el "aberrante" paso atrás de los magistrados, aunque mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que de nuevo dé un espaldarazo a España en materia hipotecaria.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha indicado que va a analizar y estudiar el impacto de la decisión del TS y se ha emplazado al Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo jueves para fijar una posición, según han indicado fuentes del Ejecutivo.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo en los pasillos del Senado que "hay que respetar" las resoluciones judiciales.

En esta misma línea se manifestó el portavoz de Economía del PP en  la Cámara Alta y portavoz adjunto, José Manuel Barreiro, quien valoraró que se haya acabado la "confusión" de la sentencia sobre las hipotecas.

Barreiro señaló que "de alguna forma resuelve la situación de confusión" que se había generado al haber dos pronunciamientos del Supremo sobre un mismo asunto, pero más allá de esto "no cabe ningún tipo de valoración ni de posición".

Barreiro dijo que las decisiones de la Justicia hay que "respetarlas y acatarlas" y lamentó que se hubiese producido los pasados días "un período, aunque fuese corto, que generase una cierta incertidumbre" sobre el pago de este impuesto.

A este respecto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que es "incomprensible" la rectificación del Tribunal Supremo.

"Incomprensible. No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro", ha señalado Rivera en su cuenta de Twitter.

Protesta el próximo sábado

Desde Unidos Podemos se mostraron aún más contundentes y llamaron a  llevar a cabo una "gran movilización cívica" en protesta por la decisión del TS. Así, convocaron una manifestación el próximo sábado, a las 18.00, frente al Alto Tribunal.

La formación liderada por Pablo Iglesias denunció que la "independencia" del TS ha quedado en "entredicho".

"Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", escribía el secretario general de Podemos en su cuenta personal de Twitter.

La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de noviembre de 2018

Así, llamaba a convertir "la vergüenza y la rabia" ante esta decisión en "una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".

En la misma línea se pronunció la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, que animó a salir a la calle a defender "que se haga justicia". "En el Tribunal Supremo, 15 a 13, gana la banca. La verdad es que todo el mundo se lo imaginaba. Queda comprometida la seguridad jurídica, y saldremos a la calle a defender que se haga justicia", señaló en Twitter.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también ha lamentaba esta decisión judicial y enfatizaba que se trata de un fallo "indignante", "lamentable" y "un despropósito impropio de una democracia".

Críticas de jueces y consumidores

Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) solicitaba la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, tras conocerse que la decisión de un tribunal que considera totalmente fracturado.

"Discrepamos del modo que TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia. Pedimos la inmediata dimisión de Lesmes y Díaz-Picazo y apelamos al parlamento para que actúe en defensa de los consumidores",  señalaba la asociación en su cuenta de Twitter.

Precisamente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pedía también la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su "gestión pésima" del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia "bochornosa".

La organización de consumidores Facua Consumidores en Acción consideraba también que la decisión del Tribunal es una "absoluta aberración".

La banca, satisfecha con el fallo

En el extremo opuesto, las patronales de la banca han subrayado, sin embargo, que el fallo está "en línea" con el marco jurídico de los países de nuestro entorno y "preserva la seguridad jurídica necesaria" para el "buen funcionamiento del mercado".

En un comunicado conjunto AEB, CECA y UNACC han recordado que el TS ha confirmado que serán los consumidores de las hipotecas quienes deben asumir los gastos del Impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), "como venía ocurriendo hasta ahora y de acuerdo con la normativa vigente durante mas de 20 anos".

Además, han defendido que "esta decisión está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno", ya que en el resto de países europeos donde existe un tributo similar el pago es asumido por el cliente, como pasa en países como Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal o Austria.

Igualmente, las principales asociaciones bancarias han recalcado que el fallo del TS "preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado".