La nueva Ley hipotecaria fijará el reparto de los gastos y la dación voluntaria

La nueva Ley hipotecaria fijará los gastos que debe pagar el banco y el comprador al adquirir un inmueble, una vez que el Tribunal Supremo aclare definitivamente quién debe abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al tiempo que establece que la dación en pago sea voluntaria.

La Comisión de Economía del Congreso que estudia la ponencia sobre la nueva Ley hipotecaria consecuencia de la trasposición de una directiva europea tiene previsto cerrar su dictamen el 6 de noviembre, un día después de que el Supremo se pronuncie sobre si es la banca la que debe pagar un impuesto que afecta casi al 70% de los gastos de constitución de una hipoteca.

El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha explicado que hay un consenso para que la Ley fije claramente el reparto de los gastos que actualmente se dejan en manos de las dos partes.

No obstante, los portavoces tienen que acordar la distribución de estos importes (gastos de Registro, notaría, tasación o Impuesto de Actos Jurídicos) y en relación a los de notaría PP y PSOE creen que deben ser abonados por el cliente frente a Podemos, que afirma que corresponde a la banca.

"Lo importante es dejarlo claro en el contrato hipotecario y arreglar la actual situación que da pie a una enorme litigiosidad", ha aseverado De la Torre que ha explicado que la ponencia podría incluir que se establezca la dación en pago voluntaria y no como obligatoria.

"Hay una mayoría que apuesta porque la dación sea voluntaria si lo acuerdan las partes", señala, al tiempo que ha explicado que se establece la recomendación de crear una Autoridad de protección al consumidor hipotecario.

El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha asegurado que la ponencia introduce iniciativas de su formación como que puedan entenderse como inmuebles de uso residencial, los trasteros, garajes u otros elementos que cumplan una función doméstica.

Asimismo, ha avanzado que hay consenso mayoritario para mantener el concepto de consumidor hipotecario como está actualmente, sin incluir a las ONG pero si a los autónomos.

En cuanto a las hipotecas multidivisas, no se prevén cambios ni prohibiciones para los particulares aunque habrá algunos criterios más específicos.

Fuentes cercanas a la Comisión han señalado que el Código de Buenas Prácticas Bancarias seguirá siendo voluntario.

Sobre las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos, la norma, que fue convalidada por el Gobierno del PP, establece que durante la primera mitad de la vida del préstamo tendrá que haber nueve cuotas impagadas o el equivalente al 2% del capital prestado y durante la segunda mitad de la vida del préstamo serán necesarias doce cuotas impagadas o el 4% del capital prestado.

Este es el principal punto de discrepancia de Podemos, que pide cumplir con varias sentencias del Tribunal Supremo Europeo que afirman que hay que declarar "nulo" lo que son cláusulas abusivas.

El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, aboga por incentivar fórmulas extrajudiciales que no sean la ejecución hipotecaria y avisa de que hay cuestiones en la legislación española que son contrarias al derecho comunitario y que, de no cumplirse, podrían abrir la vía a procedimientos judiciales de desahucios que ahora están paralizados.

Sobre las cláusulas suelo, la formación morada propone que si hay procedimientos judiciales entre el banco y el consumidor hipotecado y la entidad financiera pierde el pleito se establezcan sanciones, en línea con la medida que dejó entrever la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al anunciar que para solventar el colapso de los juzgados de cláusulas suelo estudian imponer intereses sancionadores a los bancos que acudan a la vía judicial.

La ponencia está pendiente de delimitar cómo se establece una cláusula suelo y de ver si se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. La modificación de la Ley Hipotecaria podría ser debatida en el Pleno del Congreso la semana del 19 de noviembre.