La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Empleo, Magdalena Valerio, firmaron con representantes sindicales y de la patronal Carbunión un acuerdo para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027 que supone el principio del fin de la minería del carbón en España. En la provincia de Teruel, esta actividad da empleo directamente a 580 personas e indirectamente, a más de 4.000. El carbón y la central térmica de Andorra aportan el 40% del PIB provincial.

El convenio está dotado con 250 millones de euros en los cinco primeros años para una intervención urgente que forma parte de una inversión global durante su vigencia de 1.250 millones. Incluye bajas incentivadas para los trabajadores en plantilla anteriores a 31 de diciembre de 2017 y prejubilaciones para mineros con al menos 48 años o que tengan 20 años de cotización en el régimen de la minería.

Además, hay ayudas de carácter medioambiental para el cierre de explotaciones y la restauración del espacio natural, así como un plan de emergencia para reactivar las comarcas mineras de Aragón, Asturias, Castilla y León y Puertollano, que pierden una fuente generadora de empleo esencial en un territorio volcado durante décadas en la producción de energía eléctrica mediante la combustión de carbón.

La mayoría de las minas, las no competitivas, cerrarán el 31 de diciembre de este año. Las rentables que pretendan seguir, como es el caso de la de Samca en Ariño, a cielo abierto, que quiere continuar produciendo al menos mientras funcione la central térmica de Andorra, tendrá que devolver los 7 millones de ayudas públicas percibidas desde el año 2010, ya que las recibió a cambio de cerrar la explotación.

Desde CC. OO. consideraron que el acuerdo es imprescindible para avanzar. "Estaremos más satisfechos cuando empecemos a ver resultados pero lo que hemos hecho es sentar las bases para comenzar a trabajar", valoró el representante de CC. OO. por Aragón en las negociaciones, Antonio Montoyo.

UGT señaló que el acuerdo alcanzado es "el mejor posible, además de razonable y positivo, para lograr una transición energética justa". Francisco Montull, representante de este sindicato por Aragón, recordó que se ha tratado de propiciar que el sector continúe al menos en Aragón. Destacó que el documento establece el compromiso del Gobierno de "promover" más allá de 2018 el uso del carbón autóctono competitivo "como modo de favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería". "Sabemos que puede ser el último plan y lo que queremos es trabajar para que las zonas mineras no vayan a la despoblación", concluyó.

La térmica, sin abordar

El acuerdo se convertirá en Real Decreto en los próximos días y las partes celebrarán comisiones de seguimiento cada seis meses para valorar su cumplimiento. El convenio no aborda el futuro de la central térmica de Andorra, clave para el mantenimiento de la actividad en la cuenca minera. Se establece un marco hasta 2027 para las ayudas a la reactivación; hasta 2025 las medidas excepcionales para empresas; y hasta 2023, las medidas para la restauración de minas.

Los trabajadores afectados por el cierre de empresas que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en las empresas que continúen a partir de 2019. Se considerarán excedentes a aquellos empleados que hayan prestado servicio también en empresas auxiliares, como contratas y subcontratas. Ellos tendrán prioridad a la hora de ser contratados en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas. En el caso de Aragón, un centenar de personas podrán acogerse al plan social, según estiman los representantes sindicales aragoneses.

En cuanto a la inversión de Endesa para modernizar la central andorrana y adaptarla a las exigencias europeas en materia medioambiental, el propio director general de la compañía eléctrica en Aragón, Ignacio Montaner, reiteró que la situación no ha cambiado en nada. "No hay ningún avance regulatorio que nos permita garantizar las inversiones para que la Térmica siga funcionando más allá de 2020", dijo. Montaner valoró positivamente el acuerdo sindical: "Las medidas y acuerdos que se están cerrando son buenos y acertados para garantizar la transición, en la medida de lo posible, justa, pero no son regulatorias", señaló.

Millán, crítico con el plan

Quien sí fue ayer muy crítico con el Plan fue el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Ramón Millán. Este miércoles dijo en una rueda de prensa: "Yo no veo infraestructuras de envergadura en estos acuerdos y, por lo tanto, mientras no vea algo positivo, no apruebo este tipo de acuerdos agachando la cabeza y diciendo a todo que sí".

En la misma línea, el presidente del Partido Popular en la provincia de Teruel, Joaquín Juste, opinó que la firma de este plan supone el cierre de la Central Térmica de Andorra, algo que será muy negativo para el territorio en el que se asienta. Destacó que "Endesa se estaba planteando invertir en la Térmica y ahora no va a invertir". Por su parte, el grupo ecologista Greenpeace afirmó que el pacto "es un paso en la buena dirección".