Los camiones tienen prohibido circular desde este domingo por dos carreteras catalanas

Estos vehículos están obligados a desviarse a las autopistas paralelas a cambio de un descuento en el peaje. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros pretende mejorar la seguridad y rebajar la contaminación.

Un vehículo de transporte de mercancías circula por una carretera nacional.
Raquel Labodía

Los grandes camiones de transporte de mercancías tienen prohibido desde este domingo circular por varios tramos de dos carreteras nacionales convencionales, la N-340 y la N-420, a su paso por Cataluña y estarán así obligados a desviar su ruta por las autopistas paralelas AP-7 y AP-2, a cambio de rebajas de hasta un 50% en el precio del peaje.

Así se establece en el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, además de rebajar la congestión y la contaminación.

Para ello, con esta medida se pretende reequilibrar el tráfico entre las distintas infraestructuras, desplazando el tránsito de estos camiones de las carreteras convencionales, que soportan un "elevado tránsito de vehículos pesados", y hacia las autopistas para "maximizar" su uso.

Se trata de una medida que ya dejó diseñada y negociada el anterior Gobierno y que el actual Ejecutivo ha "agilizado" para ponerla en marcha, según adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso.

Además, según Fomento, dicha prohibición ha sido coordinada con las autoridades con competencia en tráfico en sus respectivos ámbitos competenciales, la Dirección General de Tráfico y el Servicio Catalán de Tránsito.

En concreto, la medida afectará a vehículos pesados de gran tonelaje (de cuatro o más ejes), que tendrán prohibido circular por varios tramos de las carreteras N-340 y N-240 a su paso por Cataluña y hasta la frontera con Castellón.

En el caso de la N-340, se trata del tramo entre Peñíscola (Castellón) y L’Hospitalet de L’ Infant (Tarragona), y entre Altafulla (Tarragona) y Vilafranca (Barcelona).

En la N-240, la prohibición afecta al tramo entre Les Borges Balnques (Lleida) y Montblanc (Tarragona).

"Se trata de carreteras convencionales que actualmente soportan un elevado tráfico de vehículos pesados, que contribuye a elevar la congestión y la contaminación acústica, sobre todo en los tramos urbanos", argumenta Fomento.

Así, en estos trazados, los grandes camiones estarán obligados a realizar su viaje por las autopistas paralelas a los mismos, la AP-7 y la AP-2, ambas concesiones de Abertis, si bien contarán con rebajas en el precio del peaje.

En concreto, los descuentos serán del 50% para los que realicen recorridos internos y tengan ‘telepeaje’ y del 42,5% en el resto de supuestos y tramos. Fomento aportará a la concesionaria el importe de la reducción.

El desvío de camiones desde las carreteras nacionales hacia autopistas paralelas a cambio de descuentos del peaje es una iniciativa que otros Gobiernos han puesto ya en marcha en otras vías, si bien hasta ahora tenía carácter voluntario para los camiones.

Viajeros habituales

Asimismo, y con el fin de fomentar el uso de la AP-7 para tránsitos habituales, Fomento también ha aprobado suprimir el peaje en un tramo de esta vía para conductores particulares recurrentes.

Esta supresión de peaje se articula en el trazado de la autopisa entre Vilafranca Sur (Barcelona), Vinaroz (Castellón) y Alcanar (Tarragona).

Como usuarios habituales se entienden a aquellos que realicen trayectos de ida y vuelta en este tramo, con retorno a las 24 horas y al lugar de origen, y que tengan ‘telepeaje’. En este caso, el uso de la autopista será de carácter voluntario para los conductores.

Las dos medidas estarán vigentes hasta que concluyan los plazos de concesión de los tramos de autopista, fijados en el 31 de diciembre de 2019 en el caso de la AP-7 y en agosto de 2021 en el de la AP-2.

La aprobación del real decreto despertó este viernes las más airadas críticas del sector del transporte de mercancías por carreteras, pero fue aplaudida por la Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) que llevaba desde 2014 pidiendo la aplicación de esta prohibición por el elevado grado de siniestralidad.

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