La patronal española advierte al Gobierno de que subir los impuestos a las empresas puede "hacer fracasar" el pacto salarial. Está claro que los tributos son indispensables para costear el Estado del bienestar. No obstante, hay que buscar el equilibrio, pues una fiscalidad alta debilita la estructura empresarial del país y su capacidad para afrontar los ciclos económicos

Los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, han pedido a Pedro Sánchez que "estudie" el impacto que un incremento de las cargas fiscales tendría sobre las empresas, porque podría impedir llevar a cabo en su totalidad el alza salarial pactada con los sindicatos. Garamendi ha asegurado que las empresas quieren subir los salarios, pero ha añadido que "un incremento de costes puede hacer fracasar" la subida pactada, porque "son vasos comunicantes". Esta es la repuesta de la patronal al anuncio de la semana pasada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el nuevo marco fiscal que diseña el Gobierno incluirá un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades.

España necesita una modernización de su sistema fiscal. La solución óptima sería aprobar una reforma tributaria integral que acabe con las deficiencias y desigualdades de todos los impuestos. Pero una reforma de esta naturaleza requiere tiempo y una mayoría parlamentaria que quizá hoy no sea posible. Esto no debe llevar al Gobierno a actuar a la ligera, a realizar anuncios sin base real o a lanzar globos sonda como las noticias sobre la creación de nuevos impuestos a las transacciones financieras, a las tecnológicas o medioambientales. Las decisiones sobre los tributos, como todas las relevantes, deben adoptarse de forma contrastada y con las consecuencias bien calculadas para no debilitar a las pequeñas y medianas empresas y para no ahuyentar a las grandes en un entorno cada vez más globalizado.