Después de meses de negociaciones plagadas de altibajos, y una ruptura materializada hace un año, los sindicatos mayoritarios -CC OO y UGT- y la patronal -CEOE y Cepyme- cerraron este lunes el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que incluye las bases para las subidas de sueldo de los trabajadores en los tres próximos años. Los agentes sociales acordaron un incremento fijo "de entorno" a un 2%, en vigor para este año, 2019 y 2020, poniendo fin, al menos sobre el papel, los duros años de ajustes en las nóminas como consecuencia de la crisis económica.

Estas alzas podrán llegar al 3%, si se aplica la parte variable pactada del 1%, que estará ligada a la situación por la que atraviese cada empresa. En concreto, se vincula a conceptos como la "productividad, los resultados, el absentismo injustificado" y otros factores que acuerden ambas partes en cada sociedad.

Es decir, a medida que cada empresa vaya adaptándose a este pacto -no es de obligado cumplimiento-, los salarios subirán en los tres próximos años desde un mínimo del 6% hasta un máximo del 9%. Sin embargo, el documento no incorpora la cláusula de garantía por la que las compañías se habrían comprometido a elevar los sueldos más allá de esas referencias, si así subieran los precios, según marque la inflación.

Esta fue una de las fricciones que llevó a los sindicatos a acabar con las negociaciones el año pasado. En cualquier caso, el Banco de España prevé que la inflación suba un 1,4% este año, un 1,5% el próximo y un 1,7% en 2020. Se trata de estimaciones que, de cumplirse, ni siquiera alcanzarían el alza mínima pactada. El texto se limita a indicar que cada convenio "podrá establecer mecanismos de revisión salarial" teniendo en cuenta "los indicadores que en cada caso estimen" las partes, sin obligar a referenciarlos al IPC.

Los líderes de CC OO y UGT sí han conseguido que los empresarios hayan plasmado en el documento del acuerdo la recomendación para que el salario mínimo que pagan las empresas suba hasta los 1.000 euros al mes en 14 pagas. "Instamos a establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales", reza el pacto, "de forma progresiva".

El salario mínimo (SMI) se encuentra en los 735 euros al mes, tras subir un 4% desde que el pasado 1 de enero el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy así lo aprobara. Entonces, el expresidente condicionó más incrementos de esta referencia -773 euros en 2019 y 850 euros en 2020- a que el conjunto de la economía creciera un 2,5% anual, una vinculación con la que los sindicatos se han mostrado en contra.

El documento de preacuerdo consensuado por los agentes sociales, que ahora deberá ser sometido a consulta y votación de todas las organizaciones para hacerlo efectivo, también incluye todo un reguero de recomendaciones con las que dirigen sus miradas al Gobierno, necesario para poder sacar adelante determinadas modificaciones legales que desean sindicatos y patronal, o al menos que unos y otros han conseguido incorporar al texto. Por ejemplo, los empresarios han conseguido plasmar una de sus históricas demandas, la necesidad de auditar el absentismo laboral. Para ello, se creará un observatorio que emitirá un informe a partir del cual se puedan realizar 'pruebas piloto' que permitan "mejorar" las situaciones de ausencia en el trabajo "no deseadas".

Además, consiguen que los agentes sociales insten al Ejecutivo a modificar la ley para que se pueda extinguir el contrato de trabajo con un empleado que está en disposición de jubilarse, pero que no lo hace extendiendo su vida laboral más allá de los 65 años y medio, siempre que el trabajador tenga el derecho al 100% de la pensión. Lo hacen para "facilitar el relevo generacional", indica el texto, con otra medida que aboga por recuperar el contrato de relevo ligado a la jubilación parcial.

Impedir recortes laborales

Por su parte, las organizaciones sindicales han conseguido que el acuerdo incluya la cuestión de las subcontratas y las condiciones laborales que sufren muchos de sus trabajadores, como ocurre con las camareras de piso -las conocidas como 'kellys'-. El acuerdo insta a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, referido a la externalización de servicios, para "garantizar las condiciones laborales" en estos procesos de descentralización.

Además, empresarios y sindicatos proponen desarrollar una nueva medida dirigida a garantizar los puestos de trabajo en compañías en dificultades económicas, para que opten por reducir las jornadas y propiciar "modelos de flexibilidad interna pactada" en vez de recurrir al despido de trabajadores. También quieren establecer un marco de diálogo para alcanzar un acuerdo en materia de Formación Profesional, para abrir el sistema a nuevas fórmulas de asignación de recursos o simplificar el mecanismo de impartición de los cursos.